El año empieza mal para la infanta Cristina Federica de Borbón y Grecia, Duquesa de Palma. Por segunda ocasión el juez instructor del caso en el que se encuentra implicado su esposo Iñaki Urdangarín por presuntas actividades ilegales ha decidido imputarla, esta vez por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y/o de lavado de dinero relacionados con su condición de partícipe al 50 por ciento de la entidad mercantil Aizoon, S.L.

En su acuerdo el juez es muy duro en contra de la defensa y la fiscalía que han tratado de evitar la imputación de Cristina, lamentando que "para llamar a una persona (a la infanta Cristina) a prestar declaración en calidad de imputada", haya sido necesario "escribir poco menos que un tratado de derecho procesal".

Por otra parte, el juez señala que es inadmisible que por tratarse de un personaje público se exija "especial cuidado en el momento de valorar la solidez de los posibles indicios" siendo que son los personajes públicos "quienes están llamados a observar ese especial cuidado para no situarse en órbitas que pudieran resultar cuando menos comprometedoras".

El juez considera "absurdo" que para un trámite (la imputación) "haya que abrir un debate previo sobre la culpabilidad o inocencia de la persona afectada cuando no es el momento procesal".

"El anticipar que Doña Cristina Federica de Borbón desconocía las actividades de su marido y la trascendencia penal de su actuar propio es tan precipitado como afirmar inexorablemente lo contrario". Lo que se pretende, insiste el juez, es dar a la Infanta la "posibilidad de que personalmente" y no a través de su defensa "facilite explicación sobre determinados indicios objetivos de criminalidad, no fruto de una caprichosa lucubración".

La decisión del juez se sostiene en que Urdangarin y la infanta Cristina "son únicos partícipes, nada menos que al 50%, de Aizoon S.L, que los dos únicos socios son cónyuges, que ambos se repartían temporalmente la presidencia, que ambos contrataban personal a sabiendas de que los contratados nunca habrían de prestar servicios para la sociedad, que a ésta se cargaban gastos personales del matrimonio, que compartían tarjetas de crédito y que el domicilio social se residenciara en el propio del matrimonio".  En la decisión se describen gastos como la renta de automóviles, la remodelación del palacete de los Duques de Palma, vacaciones en Brasil, contratación de personal de servicio, etcétera, que fueron cubiertos por Aizoon.

En el auto, el juez señala que "difícilmente" los delitos contra la Hacienda Pública que se imputan a Urdangarin se podían haber cometido sin, cuando menos, "el conocimiento y la aquiescencia" de su esposa.

Una última razón para citar a declarar a la infanta Cristina como imputada que expone el juez es que aunque no hubiera participado en un delito de blanqueo, “si se demuestra que se lucró del dinero presuntamente ilícito tendría que devolver estas cantidades como responsable civil”.

El juez recuerda que la hija del rey goza de la presunción de inocencia que “es rigurosamente el mismo principio que protege absolutamente a todos los imputados de todas las causas"  y que es "perfectamente compatible con que sean citados para prestar declaración". La defensa de la Infanta Cristina impugnará esta decisión ante la Audiencia de Palma.

Desde 2010, Iñaki Urdangarín está siendo investigado por las autoridades españolas ya que se le imputa haberse beneficiado de contratos con las administraciones públicas con precios desproporcionados en relación con los servicios que prestaban, y cuyos fondos fueron desviados a otras empresas. Una de estas empresas, Aizoon S.L, es la que aparentemente fue utilizada para realizar los gastos personales que pasaban como gastos de la empresa.


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