En Italia, bajo la iniciativa del presidente Silvio Berlusconi, el Parlamento aprobó tres reformas a la Ley de Seguridad que convierten en delito la inmigración clandestina en su territorio, en un claro intento por frenar el alto flujo migratorio hacia este país.
Con esta ley, el periodo de detención de un inmigrante ilegal se amplía a 6 meses que es el máximo establecido por la Unión Europea para que una persona esté detenida. Actualmente ese periodo de detención es de dos meses y medio e implica que en ese lapso la persona está presa, pero no sujeta a juicio ni condenada y es el tiempo en que se define como se va a proceder respecto de su situación jurídica.
Al aprobarse la inmigración clandestina como delito, también se aprobó que el gobierno italiano se niegue a registrar a los hijos de los indocumentados por lo que esos niños se quedan sin el derecho de tener una nacionalidad y un nombre lo cual es uno de los derechos fundamentales de los niños.
Con dicha medida también se afectan los derechos de filiación ya que los niños corren el riesgo de ser declarados en abandono y que se puedan entregar en adopción.
Otra consecuencia que se desprende de esta ley es la incapacidad de los inmigrantes de realizar cualquier gestión administrativa con lo que se prevé que muchos niños dejen de acudir a la escuela y que se deje de acudir a los servicios médicos y con ello se incrementen los riesgos de salubridad y los índices de mortalidad.
Con esta reforma también se crean patrullas ciudadanas que puedan colaborar con la policía y alertar de situaciones de riesgo.
Estas reformas legales tuvieron una fuerte oposición de grupos humanitarios por considerarlas violatorias de los derechos fundamentales del hombre y de la propia Constitución italiana que establece que en su territorio se respetan los derechos de todos los hombres y no nada más de los italianos. Sin embargo, estuvieron apoyadas no solo por el gobierno sino por la Liga del Norte y se sometieron a un proceso legislativo que no admitió debate en torno de dichas enmiendas.
Fuente El País
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