Jueces, fiscales, procuradores, abogados y usuarios suspendieron el día de ayer por una hora sus labores en protesta por las reformas judiciales que el gobierno español, en voz del Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, está impulsando.
A juicio de las 18 organizaciones que han convocado al paro, la administración de justicia atraviesa "una grave situación de falta de medios personales y materiales que empeorará con las medidas anunciadas", puesto que provocará "mayores dilaciones en la tramitación y resolución de los procedimientos".
El tema que el gremio judicial considera más grave es el aumento de las tasas judiciales que aseguran que limitarán el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia, ya que aunque se desalentará la presentación de las demandas improcedentes disminuyendo la carga de trabajo en los juzgados, también se violará el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva ya que para algunos será prohibitivo llevar un juicio.
El movimiento se manifiesta en contra de la ley de tasas judiciales que eleva hasta 1,200 euros el precio por interponer un recurso de casación en lo Civil y lo Contencioso-Administrativo; a la “privatización del registro civil”, que empezará a cobrar por algunos trámites hasta ahora gratuitos; a la Ley Orgánica del Poder Judicial que cambia el sistema de elección de los órganos judiciales y al endurecimiento del Código Penal.
Por su parte, Ruiz Gallardón acusa a los jueces y fiscales de actuar "por intereses particulares" destacando que fueron ellos quienes al inicio de su gestión le pidieron implantar esas tasas de forma "pedagógicas y disuasorias".
El Ministro de Justicia declaró que las tasas se establecen "para financiar la posibilidad de acudir a la justicia a los que no tienen recursos económicos, no para incrementar la retribución de ningún tipo de operador jurídico".
En una encuesta difundida a finales de noviembre por el Consejo General de la Abogacía Española, se señala que el 83 por ciento de los españoles está en contra del pago de las tasas para acceder a la justicia, mientras que un 79 por ciento cree que las tasas impuestas en el nuevo texto son excesivas.
De no resolverse esta controversia, en enero podría darse una huelga en el Poder Judicial español.
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