La Suprema Corte de la Gran Bretaña está revisando un caso llevado por el procurador general en que acusa a una ley galesa de excederse en sus facultades e invadir la esfera de facultades de la Gran Bretaña.
Se trata de una ley firmada por la Asamblea Nacional de Gales el pasado mes de julio y por la cual las ordenanzas emitidas en los consejos galeses no deben ser revisadas por los ministros.
El procurador general considera que retirar la facultad a los ministros de revisar las ordenanzas galesas excede lo previsto en las disposiciones por las cuales Gales adquirió cierta autonomía administrativa. Estas ordenanzas se refieren a cuestiones administrativas en materia de comercios, limpieza pública, sanidad, etcétera.
Gales, al igual que los otros estados integrantes de la Gran Bretaña, fue ganando en autonomía. A partir de un referéndum celebrado en 1997 se creó la Asamblea Nacional de Gales que inició funciones en 1999 con la capacidad de emitir ciertas leyes en las materias “devueltas” por la Gran Bretaña a la administración galesa.
En 2011 se celebró otro referéndum por el cual se garantizaron más facultades legislativas a la Asamblea Nacional en materia de las 20 facultades devueltas, sin necesidad de obtener el consentimiento del Parlamento Británico.
La ley que ahora llega a la Suprema Corte es la primera que la Asamblea Nacional emite conforme a sus nuevas facultades.
El consejero general del gobierno galés, Theo Huckle, explica que lo que la ley hace es legalizar una costumbre actual puesto que las ordenanzas de los consejos usualmente no han tenido que pasar por las manos de los ministros británicos para ser aprobadas y en algunos casos solo se remitían a los ministros galeses.
Pero el procurador considera que esta ley retira facultades de los ministros galeses y poderes del secretario galés lo que excede de las facultades devueltas haciendo de esta ley una disposición ilegal.
La Suprema Corte está escuchando los argumentos de las partes esta semana y se prevé que emita su veredicto en diciembre. Si considera que se trata de una ley ilegal, la Asamblea de Gales deberá cambiar las partes rechazadas por los ministros de la Suprema Corte, pero si consideran que no excede facultades, la ley se remitirá a la reina para que otorgue su consentimiento real.
La importancia para Gales en este asunto reside no tanto en la ley en si misma, sino en el hecho de que se evalúa que tanto se han incrementado los poderes devueltos y con ello la autonomía del país.
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