Esta semana se cumplen cien días desde que inició el juicio en Hamburgo, Alemania, en contra de diez hombres de nacionalidad somalí acusados de haber abordado ilegalmente un barco con la intención de robar.

 

De acuerdo con el principio de jurisdicción universal, y dado que el barco en cuestión, el MV Taipan, era de nacionalidad alemana, ese país decidió que el proceso legal en contra de los detenidos se llevaría  acabo en sus cortes y bajo sus leyes.

 

El objetivo inicial del juicio era obtener información sobre el grupo de personas detrás de los constantes ataques piratas en las costas de Somalia para así poder encontrar la raíz del problema y ponerle fin.

 

El juicio inició en noviembre de 2010 con un costo de 35,000 euros por cada día de sesión en la corte, y es juzgado por el sistema mixto en donde cuatro jueces escuchan el caso junto con cuatro jueces legos, que no son expertos en derecho, y que en conjunto deberán tomar una decisión que para ser condenatoria debe ser de las dos terceras partes de votos.

 

A cien días de iniciado el proceso judicial, a juicio de algunos observadores, el balance es que no se ha llegado a determinar ninguna verdad legal más allá de que los diez hombres fueron detenidos usando armas AK-47 a bordo del MV Taipan después de haber secuestrado el barco y pedido un rescate. Exactamente lo mismo que se sabía al inicio del juicio.

 

De los diez acusados, dos ya fueron puestos en libertad porque se logró demostrar por estudios radiológicos que al momento de la detención eran menores de edad. Los que permanecen en prisión están deprimidos, unos han intentado suicidarse e incluso uno de ellos pidió un juicio sumario y una ejecución rápida.

 

De ser encontrados culpables se debe determinar del lugar donde deberán cumplir su sentencia, si en Alemania o en Somalia. Muchos alemanes no están de acuerdo con que las sentencias se cumpla en sus prisiones y argumentan que una vez que cumplan sus condenas deberán salir libres sin poder ser deportados a Somalia por lo que vivirán en Alemania a cargo del erario público.

 

Pese a las críticas en contra, el juicio deberá seguir hasta llegar a una sentencia pero la experiencia ha sido muy clara para que los países que han sido agraviados por piratas somalíes no opten por juzgarlos en sus países, sino que dejen el asunto a las cortes africanas que se han implementado para juzgar estos delitos. Una lección que España y Estados Unidos ya tienen aprendida.

 

 

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