Veintidós años después de que cayó el régimen comunista en Hungría y cuarenta y cuatro años después de que ese país ratificó la Convención de Nueva York para perseguir judicialmente a los responsables de crímenes de guerra, la fiscalía acusó formalmente a Bela Biszku, hoy de 91 años de edad.
Bela Biszku, quien fue ministro de estado durante el régimen comunista, es acusado de crímenes de guerra por no haber protegido suficientemente a la población civil durante el conflicto armado y por haber ordenado a las fuerzas de seguridad abrir fuego contra un grupo de manifestantes en 1956.
Como resultado de las acciones que se le imputan entre noviembre y diciembre de ese año murieron en Budapest y Salgotorjan unas 50 personas.
Pero además se le acusa de haber intervenido para obtener duras sentencias contra los manifestantes de esas revueltas, entre ellas las de pena de muerte que resultaron en la ejecución de por lo menos 226 personas.
La tardanza de la fiscalía en la acusación de este hombre, el único de los altos funcionarios de la época que queda vivo, parece obedecer al retraso en la emisión de una ley que los facultara para proceder. Esta ley, conocida como la Ley Biszku incorpora las disposiciones de la Convención de Nueva York de 1968 al derecho interno húngaro, tipificando el delito de crímenes de guerra y facultando a las autoridades a la detención de los responsables.
Las autoridades pretenden que Bela Biszku quede bajo arresto domiciliario mientras dura el juicio, como sucede en el caso de otro nonagenario detenido, Laszlo Csatari, quien fuera jefe de la policía en el gueto judío de Kosice, responsable también de las deportaciones de personas a Auschwitz en la primavera de 1944.
De acuerdo con Adam Gellert, experto en derecho internacional, los casos de Biszku y de Csatari tienen en común evidencia de que su actuación fue consecuencia de terror y de crímenes organizados por el estado.
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