En el caso que se sigue en España contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, actualmente suspendido del cargo, por unos cursos que impartió en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006, los abogados querellantes anunciaron que pedirán se cambie el tipo penal de cohecho impropio a extorsión, delito que se sanciona con cárcel.
Este caso se refiere al cobro de honorarios del juez por los cursos que impartió en Nueva York y se le acusa de haber recibido los pagos de Banco Santander, empresa que tenía juicios pendientes ante su juzgado en ese momento.
Los abogados de la causa, sin embargo, insisten que Baltasar Garzón no solo recibió pagos de esa empresa, sino que exigió dinero a otras que en el futuro podían ser investigadas por su juzgado, obteniendo un lucro indebido de $1,237,000 dólares y por eso piden que se cambie el tipo penal a extorsión.
Hasta el momento, las causas que se siguen contra Baltasar Garzón tienen como sanción la inhabilitación. Sin embargo, de cambiarse el tipo penal en esta acusación y de ser encontrado culpable, podría enfrentarse a una pena de uno a cinco años de prisión de acuerdo con el Código Penal español.
El viernes de la semana pasada Baltasar Garzón emitió un comunicado de prensa en el que declaró:” No he solicitado, administrado, ni recibido, personalmente o por tercero, ni directa o indirectamente, cantidad alguna en metálico o en especie, de ninguna de las entidades o corporaciones patrocinadoras de los seminarios y cursos de los que fui director académico en la New York University entre 2005 y 2006”.
En ese comunicado también solicitó que el juez instructor de esta causa, Manuel Marchena, se recuse del caso porque es el mismo juez instructor en otra de las acusaciones que se le fincan al juez, en ese caso por haber grabado conversaciones entre abogados y detenidos del caso Gürtel, y señala que Marchena le ha negado de forma sistemática la presentación de sus pruebas fundamentales.
El caso Gürtel se refiere a una red de corrupción entre empresarios y funcionarios y ex funcionarios españoles, en el que la semana pasada fue absuelto el ex presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, acusado de haber recibido a cambio de favores 30,000 euros en trajes de vestir, veredicto que sorprendió a no pocos.
El tercer juicio que se sigue contra Baltasar Garzón es por prevaricación al haber iniciado la investigación de crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo. Fue acusado por la asociación española Manos Limpias, porque a su juicio el juez carece de jurisdicción para realizar esta investigación.
Esta causa fue suspendida en España, pero la querella fue interpuesta por familiares de víctimas del franquismo en Argentina desde donde en diciembre pasado la jueza de la causa, María Servini de Cubría, solicitó a España, vía exhorto, los nombres y domicilios de los ministros y jefes de las fuerzas de seguridad en el período comprendido entre el 17 julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.
Los juicios en contra de Baltazar Garzón han llamado la atención internacional por tratarse de un juez conocido por haber llevado a los tribunales a Augusto Pinochet, ex presidente de Chile, pero también porque los procesos se han visto envueltos en mucha polémica debido a su politización.
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