El Congreso del estado de Utah, Estados Unidos, emitió una ley por la cual permiten que en el intercambio comercial los pagos se realicen con monedas acuñadas por la Casa de Moneda en oro y plata, no al valor nominal de la moneda sino al valor del peso de la misma.

 

En los Estados Unidos, es la federación, a través del Congreso, quien tiene la facultad de acuñar moneda, regular su valor y el de la moneda extranjera, de acuerdo con el Artículo1, sección 8, cláusula 5 de la Constitución, pero el Congreso de Utah piensa que esta ley no contraviene la disposición constitucional puesto que la sección 10 de ese mismo artículo, pese a que establece la prohibición de los estados de acuñar moneda, expresa en un párrafo la capacidad de usar monedas de oro y plata para pagar deudas.

 

En esa ley se establece que estas transacciones estarán libres de impuestos estatales, aunque no han podido evitar el cobro de los impuestos federales puesto que a nivel federal las monedas tienen valor nominal por lo que esas transacciones, desde el punto de vista del gobierno federal, no se realizarían con moneda sino con metales preciosos, sujeto a impuestos.

 

Para algunos esta es una ley simbólica pues no regula particularmente la manera en que esas transacciones deberán completarse dejando a la iniciativa privada la capacidad de regularlas. Sin embargo analistas consideran que el trasfondo de la ley es importante.

 

Esta ley fue auspiciada por la conservadora facción del Partido Republicano conocido como Tea Party, y detrás de la misma se encuentra plasmada parte de la teología de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, la cual es una poderosa institución en el estado, que plantea una filosofía de preparación, lo que incluye la preparación para lo que consideran la inminente quiebra del gobierno federal debido al rescate bancario, a la política de estímulo al gasto y la reforma en materia de salud.

 

Las monedas con valor nominal de un dólar, acuñadas en oro por la Casa de Moneda, hoy valen hasta $38 dólares por el precio del metal.

 

Quizá el gobierno federal no esté muy complacido con esta ley y habrá que esperar la reacción de la oficina del procurador general para conocer si será impugnada por inconstitucional.

 

 

Más información The New York Times

 

 

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