A mediados del mes de noviembre de este año el Senado argentino aprobó una controvertida ley en la que se hace obligatorio proporcionar muestras para conocer el ADN cuando se determine necesario identificar a una persona en los juicios de lesa humanidad relacionados con la dictadura militar que tuvo lugar entre 1976 y 1983.
La ley fue propuesta por los oficialistas, partidarios del gobierno actual de Cristina Fernández, y apoyada por la Asociación de las Abuelas de la Plaza de Mayo que busca identificar a los niños que fueron separados de sus padres, muchos de ellos detenidos y perseguidos por el régimen, y entregados ilegalmente en adopción.
Esta ley fue propuesta con la finalidad de encontrar la verdad histórica, aunque muchos juristas la ven como una disposición violatoria de la privacidad y de otros derechos personalísimos.
Además de lo anterior, algunos medios internacionales han referido a que esta ley es una manera más de ejercer presión en contra de los propietarios del grupo multimedia Clarín.
Un mes antes de la probación de esa polémica ley, en octubre se aprobó la ley de medios audiovisuales que también generó una gran controversia en el país debido a que los opositores a la misma la consideran como una manera de acabar con la libertad de expresión, aunque sus promotores argumentaron que se trata de un intento por acabar con el monopolio de los medios.
La ley de medios establece, entre otras cosas, la llamada "cláusula de desinversión", que obliga a las empresas audiovisuales a desprenderse de aquellos medios que excedan el número de licencias permitidas por la nueva legislación, 10, en vez de las anteriores 24, en el término de un año. La legislación establece también que no se puede argumentar el derecho adquirido para no deshacerse de las licencias en oposición a un claro principio de derecho.
El principal afectado con esa ley fue el grupo Clarín, opositor al gobierno actual, que contaba con 24 licencias, ratificadas en el 2007 por el entonces presidente Néstor Kichner, esposo de la actual presidenta, y que ahora tiene que vender a precios no competitivos 14 licencias de canales y frecuencias.
¿Cuál es la relación con la legislación relativa a las muestras de ADN? Que los hijos de la propietaria del grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, Marcela y Felipe, de 33 años, fueron adoptados en 1976.
Los hermanos ya habían enfrentando un juicio para determinar su identidad biológica y ellos en todo momento se habían rehusado a entregar muestras de material genético, pero ahora con fundamento en la ley, fueron requeridos judicialmente a entregar estas muestras.
Tras cumplir con la orden judicial, la Asociación de las Abuelas de la Plaza de Mayo exigió que las pruebas fueran tomadas por la policía directamente para evitar cualquier tipo de trampa, y por ello se ordenó un allanamiento a la residencia de la empresaria con la finalidad de tomar muestras de cepillos de dientes o de cabello, como prevé la ley que se pueden tomar estas muestras. Estas muestras serán comparadas con los datos que están en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es el mayor archivo de información genética de personas desaparecidas durante la dictadura militar.
¿Qué sucederá en 45 días cuando se tengan los resultados? ¿Se obligará judicialmente a Marcela Y Felipe a conocer y amar a su familia biológica en caso de que se encuentre alguna relación? ¿Se les obligará por ministerio de ley a rechazar los derechos de filiación de sus padres adoptivos?
Este es solo un caso que 30 años después sale a luz respecto de las adopciones ilegales. Y así como estas personas se oponían por razones personales a conocer su origen biológico, hay otros que al conocer que habían sido adoptados demandaron a sus padres adoptivos.
Quizá lo que debemos aprender de esta situación es a hacer las cosas bien desde el principio y seguir los procedimientos y trámites de adopción como lo marca la ley y evitar la llamad vía fácil de aceptar como “regalo” a un niño. Solo así se acabarán con las adopciones ilegales.
Fuente BBC Mundo
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