Este martes, el gobierno de Nueva Gales del Sur, Australia, anunció que ha presentado una iniciativa de reforma a la legislación penal en materia de delitos sexuales, con la idea de establecer normas más rigurosas en las que el consentimiento para tener relaciones sexuales sea factor esencial.
En Australia, los estados de Tasmania y Victoria tienen las leyes más claras en la materia, en las que se dispone que el consentimiento es necesario para mantener relaciones sexuales. Así, la ley en Tasmania requiere de un consentimiento activo lo que significa que una persona no otorga su consentimiento si no “dice o hace algo para comunicar el consentimiento”. La ley en Victoria es similar.
Lo anterior significa que no decir nada no es consentir, como lo explicó Karen Willis, directiva de los Servicios de Violación y Violencia Doméstica en Australia.
Autoridades y organizaciones de la sociedad civil de Nueva Gales del Sur pretenden que la Comisión de Reformas Legislativas del estado establezca una disposición similar a fin de que no se presentan nuevamente casos como el de Luke Lazarus, un joven que abusó sexualmente de una joven de 18 años. El imputado terminó siendo absuelto en fase de apelación porque el juez consideró que la víctima no le pidió que se detuviera ni hizo nada para detenerlo al haberse quedado paralizada por la agresión. Ciertamente, tampoco manifestó su consentimiento.
No todos están de acuerdo con una reforma de este tipo. Algunos abogados penalistas se oponen, así como la Alianza Australiana de Abogados, cuyo vocero, Greg Barns, expuso que la ley en Tasmania “es impracticable porque no reconoce la realidad de cómo suceden las cosas” en los encuentros sexuales.
“El asunto real es que en estos casos es mejor un ajuste en la justicia restaurativa. Las víctimas lo prefieren y es mejor para los acusados”, señaló el abogado Barns.
Frente a esta opinión, Anthony Whealy, quien fue magistrado de la Suprema Corte de Nueva Gales del Sur, expuso que los cambios a la legislación en Tasmania y Victoria han sido exitosos.
Motivando las razones de la pretendida reforma, Mark Speakman, fiscal general de Nueva Gales del Sur, declaró que hay un “problema sistemático con el reporte y condenas de delitos de agresión sexual”. Así, el porcentaje de condenas de estos delitos es de alrededor del 55 por ciento, comparado con el 85 al 90 por ciento en otro tipo de delitos.
Respecto del caso de Lazarus, Mark Speakman se refirió a la víctima, Saxon Mullins, quien se enfrentó a su victimario en dos juicios y dos apelaciones de los que quedaron preguntas legítimas sobre si la ley en el estado era “suficientemente clara” y “suficientemente justa”.
El tema volvió a ser noticia después de que Saxon Mullins, renunciando a su derecho legal al anonimato, concediera la semana pasada una entrevista a un programa de televisión en el que expuso su punto de vista y su situación.
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