El caso de Paul Black, un interno en una prisión inglesa, ha concluido esta semana cuando la Suprema Corte del Reino Unido concluyó que la Ley de Salud que prohíbe fumar en bares, restaurantes y otros lugares cerrados, no vincula a la Corona y por tanto no es aplicable en instalaciones estatales, como las prisiones.
Paul Black, un interno en la prisión estatal de Wymott en Lancashire, Inglaterra, ha estado intentando evitar que se fume en la prisión para lo cual argumentó, primero ante instancias administrativas y luego judiciales, que en la prisión no se cumple con lo dispuesto en la primera parte de la Ley de Salud de 2006 sobre la restricción a fumar en lugares públicos, violando así su derecho a la salud. Su caso fue ganado ante el Tribunal Superior, pero lo perdió en la Corte de Apelaciones que concluyó que la mencionada Ley de salud no es vinculante para la Corona.
La decisión fue confirmada esta semana por el máximo tribunal británico. “Si el Parlamento hubiera tenido la intención de vincular a la Corona en la parte 1 del capítulo de la ley de 2006, nada hubiera sido más sencillo que incluir dicha previsión”, concluyó al respecto Lady Hale, presidente de la Suprema Corte.
“El reporte del comité de salud [en su momento] indica que el Parlamento estaba al tanto de la pregunta de si la prohibición de fumar obligaría a la Corona y sabía si la ley lo haría por otras excepciones.
“Podría haberse pensado deseable, especialmente para los funcionarios públicos y otros empleados o visitantes de oficinas de gobierno, que la prohibición obligara a la Corona”, añadió la magistrada. “Pero la legislación es bastante viable sin hacerlo”.
Para el Ministerio de Justicia, encargado de la administración de las prisiones de Inglaterra y Gales, una prohibición antitabaco estricta en las prisiones estatales puede ocasionar problemas de disciplina y poner en riesgo la seguridad del personal e internos. Sin embargo, se ha estado implantando la prohibición en áreas comunes de las prisiones.
El fallo ha sido frustrante para Paul Black. “A lo largo de este caso simplemente desee que los prisioneros no fumadores y empleados de la prisión tuviéramos el mismo nivel de protección de los riesgos de humo de cigarro de segunda mano como no fumadores viviendo en una comunidad más amplia”.
Por su parte, Sean Humber de la firma Leigh Day, y quien ha representado a Paul Black en este asunto, declaró lo siguiente: “¿Por qué no aquellos que viven, trabajan o visitan propiedades del gobierno quedan sujetos a las mismas leyes y se benefician de las mismas protecciones legales que el resto de nosotros?”
“Este fallo tiene implicaciones más amplias que simplemente el asunto de fumar en las prisiones. Confirma que miles de propiedades del gobierno, incluyendo, por ejemplo, tribunales y centros de trabajo, no están cubiertos por las previsiones legales de la Ley de Salud que prohíbe fumar en lugares cerrados. Mientras muchos de estos edificios tienen letreros que indican que es contrario a la ley fumar dentro de ellos, resulta que esto es incorrecto”.
La mayoría de las legislaciones antitabaco en el mundo empezaron por prohibir fumar en edificios públicos, para luego hacerlo en bares, restaurantes y sitios cerrados. La conclusión de la Suprema Corte es que el Parlamento británico lo hizo en sentido contrario, sin haber llegado aún a la prohibición de fumar en los edificios públicos.
Más información theguardian.com
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