El jueves de la semana pasada, Isavia, la operadora del aeropuerto internacional Keflavik de Islandia, evitó el despegue de un Airbus A320 de la línea aérea alemana Air Berlín debido al impago de deudas.
Air Berlín se declaró en quiebra el pasado 15 de agosto y ha estado operando desde ese momento gracias a un préstamo del gobierno alemán que le ha permitido negociar con posibles compradores, entre ellos la también aerolínea alemana Lufthansa y probablemente la línea área británica easyJet. Después del 28 de octubre, Air Berlín dejará de operar.
Por la deuda que tiene con Isavia que administra el aeropuerto más grande de Islandia ubicado en la capital, Reikiavik, al no haber pagado los servicios de utilización de los aeropuertos, la operadora islandesa pidió a las autoridades judiciales se ordenara el embargo del avión que tenía como destino Dusseldorf, Alemania. Mediante comunicado hicieron saber que se trataba del “último recurso para asegurar el pago de servicios que se han proveído”.
“Isavia tendrá equipo de tierra adicional en el aeropuerto para ayudar a quienes sean afectados por esta decisión, de llegarse a necesitar”, declaró la operadora en este comunicado emitido sobre la decisión.
Conforme a fuentes islandesas, fueron tres pasajeros los que quedaron afectados por la decisión y se trata de la segunda vez que las autoridades islandesas ordenan el embargo de un avión para cubrir deudas.
En un caso semejante, en 2012 un juez de Accra, en Ghana, ordenó el embargo de la Fragata Libertad, de la Armada de Argentina, como parte de un proceso presentado por NML Capital, un fondo de inversión que reclamaba el pago por parte de Argentina de una deuda garantizada con bonos. Fue un capítulo más del litigio de Argentina sobre los fondos de especulativos o “buitre”.
El Tribunal Internacional sobre Derecho del Mar, establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, concluyó que la Fragata es un buque militar y por lo tanto es inembargable, ordenando el regreso de la embarcación a la Argentina.
Por su parte, en 2013 la Corte Suprema de Ghana determinó que el buque cuenta con "inmunidad absoluta respecto de medidas cautelares y embargos" y dictaminó que la retención de la Fragata Libertad fue injusta y condenó al fondo de inversión a pagar unos 8 millones de dólares a la administración del puerto ghanés por los gastos en que se incurrieron por haber mantenido secuestrada a la Fragata Libertad durante 77 días.
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