El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró violatorio a la normativa de la Unión Europea la Data Retention and Investigatory Powers Act 2014 (Ley de 2014 sobre conservación de datos y facultades de investigación) del Reino Unido, al permitir a las autoridades el acceso libre a los datos recabados por los Proveedores de Servicios de Internet (ISP).
En la sentencia se establece que la ley en cuestión permite una "recopilación general indiscriminada de datos" que solo estaría justificada en "casos de delincuencia grave”. La ley obliga a los ISP a la conservación generalizada e indiferenciada de todos los datos de tráfico y de localización de todos los abonados y usuarios registrados en relación con todos los medios de comunicación electrónica, y a permitir el acceso a los mismos a las autoridades.
"El hecho de que se conserven los datos sin que los usuarios de los servicios de comunicaciones electrónicas estén informados del hecho provoca que los usuarios puedan sentir que su vida privada está sometida a una vigilancia constante. Por consiguiente, solo el objetivo de combatir la delincuencia grave es capaz de justificar dicha injerencia", declara el tribunal.
El TJUE también señala que la retención establecida en ley británica "no requiere que exista ninguna relación entre los datos que deben conservarse y una amenaza para la seguridad pública y que no se limita, entre otras cosas, a la retención de datos relativos a un momento determinado, período, zona geográfica o grupo de personas que puedan estar involucradas en un delito grave".
En la sentencia, el máximo órgano de justicia de la Unión Europea asegura que con los datos retenidos y su consideración en conjunto pueden permitir al Estado "sacar conclusiones muy precisas" sobre la vida privada de los ciudadanos objeto de las retenciones. Por lo tanto, "la legislación nacional que prevé la retención de datos de tráfico y datos de localización con ese derecho debe considerarse particularmente grave y supera los límites de lo estrictamente necesario", por lo que "no puede considerarse justificada en el seno de una sociedad democrática".
La ley fue impugnada por dos diputados del Parlamento británico. La Corte Suprema Británica coincidió con sus argumentos, por lo que el gobierno del Reino Unido, a través de la Secretary of State for the Home Department, apeló la sentencia y el caso fue remitido al TJUE para interpretar las directivas de la Unión Europea sobre el tema, en lo que se conoce como “Procedimiento prejudicial”. Sin embargo, la ley fue remplazada hace dos meses por una nueva llamada Ley de Poderes de Investigación.
Los abogados del gobierno del Reino Unido sostuvieron ante el TJUE que las comunicaciones interceptadas habían estado en el centro de todos los casos de terrorismo investigados por la policía y los servicios de seguridad en los últimos años.
Un portavoz del Ministerio del Interior declaró que el gobierno británico está “decepcionado con la sentencia del Tribunal de Justicia europeo" y advirtió que considerarían "sus implicaciones potenciales".
La forma en que se aborde el caso también cambiará cuando el Reino Unido deje la Unión Europea y las directivas ya no le sean aplicables.
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