Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de Filipinas decidió, con una votación de nueve contra cinco conceder al ex presidente y dictador Ferdinand Marcos un entierro de estado en el Cementerio Nacional de Héroes en Taguig en Gran Manila, al rechazar una petición de grupos de derechos humanos que se oponían a tal entierro.
Ferdinand Marcos gobernó Filipinas bajo ley marcial desde 1972 y se ha responsabilizado a su gobierno del asesinato de unos 3,000 opositores políticos, además de muchos otros torturados. Su gobierno ha sido señalado también como uno de los más corruptos habiendo saqueado al empobrecido país casi 10 mil millones de dólares.
Fue depuesto mediante un golpe de estado en 1986. Huyó a los Estados Unidos donde falleció tres años más tarde, en 1989. Su familia repatrió el cuerpo en 1993, pero al habérsele negado el entierro oficial, sus restos han permanecido en una cripta refrigerada en su ciudad natal de Batac en el estado de Ilocos Norte.
Descendientes de quienes perdieron la vida durante el autoritario régimen, así como quienes sobrevivieron a diversos actos de tortura se opusieron judicialmente a este entierro. Sin embargo, en última instancia, la Suprema Corte concedió el entierro señalando que no hay ninguna ley o disposición vigente que se oponga al entierro oficial de un ex presidente, evitando, empero, abordar los pormenores del régimen de Marcos.
El entierro oficial en el Cementerio de Héroes fue propuesto por el actual presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien no ha negado su apoyo a la familia Marcos que, pese al oscuro pasado, sigue participando en la política filipina, siendo Imelda, viuda de Ferdinand, congresista, e Imee, una hija, gobernadora del estado de Ilocos Norte. Duterte incluso dijo haber recibido un importante donativo de Imee Marcos durante su campaña presidencial, un hecho que ella ha negado.
Pese a que los promotores del entierro oficial consideran que esta es la forma de cerrar el pasado y de que Filipinas pueda avanzar, para quienes fueron víctimas del régimen es una traición que se ha hecho a la memoria de quienes dieron su vida en oposición a la dictadura. Así, la senadora Risa Hontiveros, sobreviviente de tortura, dijo que, con la decisión, la Corte “falló miserablemente la prueba de la historia y ha roto nuestros corazones”.
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