La fiscalía española presentó el miércoles una querella contra Lionel Messi y su padre Jorge Horacio Messi Pérez, acusándoles de tres presuntos delitos de defraudación contra la hacienda pública, previstos en el artículo 305 del Código Penal y en relación al Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los ejercicios 2007, 2008 y 2009, por más de 4 millones de euros (5,3 millones de dólares).

 

En la supuesta estrategia de Messi se utilizaron sociedades domiciliadas en paraísos fiscales (Belice y Uruguay) a las que de forma simulada se les cedía los derechos de explotación de su propia imagen para posteriormente formalizar contratos de licencia, agencia o prestación de servicio con otras ubicadas en jurisdicciones de conveniencia, como Reino Unido y Suiza.

 

Así, los ingresos del futbolista por la explotación de su imagen pasaban por estos países europeos hasta las sociedades ubicadas en los paraísos fiscales “sin someterse prácticamente a tributación alguna” y “con total opacidad frente a la Hacienda Pública española de la titularidad del real destinatario y beneficiario de los ingresos, que no fue otro que el querellado Lionel A. Messi”, según la querella.

 

La fiscalía afirma que el montaje fiscal fue iniciado por el padre de Messi, cuando éste era menor de edad y ante las “fundadas expectativas sobre el elevado valor económico, presente y futuro, de los derechos de imagen de su hijo".

 

En el escrito se señala que cuando Messi alcanzó la mayoría de edad y obtuvo la nacionalidad española en 2005 "ratificó con su proceder la iniciativa defraudatoria de su padre, y consintió la ejecución de la misma a lo largo de los años 2006, 2007, 2008 y 2009 a sabiendas de que… no pagaba impuesto alguno por los cuantiosos ingresos derivados de la cesión y explotación de sus derechos de imagen”.

 

Para la legislación española los paraísos fiscales son países que: a) permiten residenciar en ellos sociedades con total opacidad de sus propietarios y rentas; y b) eximen de tributación a las rentas obtenidas por las mismas fuera de su territorio.

 

Las llamadas “jurisdicciones de conveniencia” son países que: a) tienen suscritos múltiples convenios de doble imposición para evitar la tributación en el país donde se satisfagan las rentas; b) cuentan con una legislación particularmente permisiva respecto de las operaciones realizadas con sociedades radicadas en paraísos fiscales (permiten el reenvío a las mismas, sin tributación en origen, de la práctica totalidad de los ingresos); y c) permiten la existencia de sociedades de titularidad opaca.

 

Según la querella que bajo este esquema Messi celebró contratos con “FC BARCELONA (España), BANCO DE SABADELL (España), DANONE SA (España), GLOBALIA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA (España), FIN.ESSE SRL (Italia), PVA EVENTS LLP (Reino Unido), ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING BV (Holanda), KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT GMBH (Alemania), PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA (Suiza), ASPIRE ACADEMY FOR SPORTS EXCELLENCE (Qatar), KUWAIT FOODS COMPANY LLC (Kuwait), CARVAJAL SA (Perú), PRODUCTOS EL CID SA (Colombia), BICO INTERNACIONAL (Colombia), PEPSI-COLA INTERNATIONAL CORK (Irlanda) y PEPSI-COLA ADVERTISING AND MARKETING INCL (USA) / PLAYERS IMAGE SA (Uruguay), TELEFÓNICA INTERNACIONAL S.A.U/PLAYERS IMAGE SA (Uruguay)” y estas operaciones le representaron ingresos por 10.2 millones de euros, correspondiendo a la hacienda pública 4.1 millones

 

Messi, que está concentrado con la selección argentina en Guatemala, negó estas acusaciones y confió en que sus asesores aclaren el malentendido. "Nos hemos enterado por la prensa de las acciones iniciadas por la fiscalía española", dijo Messi en su sitio oficial en Facebook. "Nos causa sorpresa porque nunca hemos cometido infracción alguna".

 

"Siempre hemos atendido todas nuestras obligaciones tributarias siguiendo los consejos de nuestros asesores fiscales, quienes se encargarán de aclarar esta situación", agregó.

 

Por su parte los abogados de Messi en un comunicado han mostrado su "sorpresa" por la querella, aseguran que no recibieron ninguna notificación previa de la Fiscalía, y han anunciado que adoptarán "todas las acciones legales oportunas en contra de la querella".

 

 

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