Pese a que la Suprema Corte de Filipinas ratificó el 1º de agosto una sentencia condenatoria al artista y activista Carlos Celdrán, sus posibilidades de evitar ir a prisión aumentaron después de que el fiscal general del país se pusiera de su parte.
Se trata de una sentencia de máximo 13 meses de prisión impuesta a Celdrán, caricaturista político, artista del performance, organizador de eventos artísticos y activista, quien en 2010 condujo una manifestación a favor de los derechos reproductivos.
Su manifestación la efectuó en la Catedral Metropolitana de Manila, en Intramuros, una zona amurallada de la capital filipina, cuando se disfrazó de José Rizal, médico y escritor del siglo XVIII, considerado un héroe en la independencia de Filipinas del dominio español. Ideas escritas por Rizal en su novela Noli me tangere, frase en latín que significa “no me toques”, fueron tomadas por los revolucionarios de la época para motivar la independencia.
Por haber llevado a cabo su manifestación en la catedral, fue imputado por “ofender los sentimientos religiosos”.
En 2010 se empezó a debatir en Filipinas una ley de salud reproductiva con el objetivo de promocionar todos los métodos de planificación familiar médicamente seguros, así como la educación sexual obligatoria a los niños a partir del 5° año de primaria. La iglesia católica, mayoritaria en Filipinas, se opuso a esta ley que finalmente fue aprobada en diciembre de 2012 como la Ley de Paternidad Responsable y Salud Reproductiva.
La ley fue recurrida por un matrimonio católico cuestionando su constitucionalidad: “Este caso presentará la ilegalidad de la ley porque se burla de la cultura de la nación filipina, noble y altiva en sus valores sobre la vida, la maternidad y la vida familiar, ahora alma frágil de una preciada cultura que se levanta solitaria pero orgullosa frente a otras naciones”. En 2014, la Suprema Corte de Filipinas sostuvo su constitucionalidad.
Respecto del caso de Carlos Celdrán, el pasado 15 de agosto el procurador general de Filipinas, José Cálida, pidió a la Suprema Corte que revisara la sentencia que ratifica la sentencia condenatoria a máximo 13 meses de prisión dictada en 2013 por el Tribunal Metropolitano de Manila y, más aún, que declare inconstitucional el artículo 133 del Código Penal Revisado sobre el que se fundamentó la condena.
“El artículo 133 del Código Penal Revisado vigente en Filipinas es una ley arcaica y draconiana que me amenaza no solo a mi sino a cualquiera que cree en la libertad de palabra y de expresión”, declaró Carlos Celdrán a Art Asia Pacific.
Por lo pronto el caso sigue siendo revisado por la Suprema Corte lo que significa que Celdrán tiene posibilidades de evitar ir a prisión por haber defendido el derecho de los filipinos a usar métodos anticonceptivos.
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