La asociación civil Litigio Estratégico Indígena (LEI), a través de un juicio de amparo, busca que se realicen acciones para combatir la contaminación del río Salado de la contaminación de sus aguas en su camino por el valle de Tlacolula, la ciudad de Oaxaca y hasta su unión con el río Atoyac, en San Antonio de la Cal.

La demanda fue rechazada inicialmente por un juzgado de distrito y después por un tribunal colegiado, pero finalmente ha sido atraída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El juicio de amparo fue promovido en contra de dependencias y organismos de los tres niveles de gobierno quienes por acción u omisión estarían violando los derechos humanos a la salud y a un ambiente sano, adecuado para el desarrollo y bienestar, al no estarse aplicando la justicia ambiental, la omisión para implementar acciones para revertir el deterioro ecológico y la falta de sanción administrativa y penal para quienes incurran en conductas que produzcan la contaminación.

Según el LEI, en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sólo existen tres expedientes de denuncias por contaminación a las que no se les ha dado seguimiento. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua reconoce la contaminación del río y ha realizado labores de saneamiento en el río, pero estas han sido insuficientes ya que a pesar de dichas acciones, continúa contaminado.

La contaminación también genera conflictos sociales ya que los pobladores del municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, afirman que parte de la contaminación se debe a que la planta de tratamiento de aguas residuales de San Pablo Villa de Mitla se encuentra abandonada y fuera de servicio desde hace más cinco años, siendo este poblado el principal generador de contaminantes arrojados al agua.

La decisión de la Suprema Corte, de concederse el amparo, establecerá un precedente de gran trascendencia.


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