La semana pasado el gobierno federal anunció que prohibirá el cobro de cuotas obligatorias en las escuelas públicas e impedirá que se condicione la inscripción, el servicio educativo, la entrega de documentación o la aplicación de exámenes al pago de dichas aportaciones, reafirmando que se  mantendrá intacta la gratuidad de la educación pública.

 

El tema también ha sido abordado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que exhortó a las secretarías de Educación Pública Federal y estatales a garantizar que la educación sea gratuita y no esté condicionada al pago de cuotas escolares.

 

Los legisladores destacan que el problema de las cuotas escolares es que atentan contra la gratuidad de la educación y se han convertido en una condición impuesta a padres de familia para permitir el ingreso y permanencia de sus hijos en las escuelas, no importando si ellos pueden o no cubrir esos gastos.

 

Las cuotas escolares siempre han existido y son contempladas en la legislación educativa al menos desde 1973 con la Ley Federal de Educación y fueron retomadas en la Ley General de Educación vigente desde 1993.

 

La ley no se refiere a ellas específicamente como “cuotas escolares” sino que son identificadas como “cooperaciones en numerario” continuando con el uso del lenguaje socialista vigente en la época de Luis Echeverria Álvarez, y se hace mención de las mismas cuando se describe en la Ley General de Educación el objeto de las asociaciones de padres de familia.

 

Fomentar los valores y principios del cooperativismo, es uno de los fines de la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, según el artículo 7 de la ley.

 

Este concepto de cooperativismo se entiende como el sumar esfuerzos de gente que se encuentren en situación similar, para procurar beneficios comunes, que en el caso particular es el mejoramiento de las escuelas y su funcionamiento.

 

Así, el artículo 67 establece que las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto, entre otros, colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles; y participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las propias asociaciones deseen hacer al establecimiento escolar.

 

Las actividades de estas agrupaciones están reguladas en el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia que establece la organización y funcionamiento de las asociaciones en las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria dependientes de la Secretaría de Educación Pública y en las escuelas de estos tipos que la propia Secretaría autorice, reconozca o registre.

 

El citado reglamento establece que las “cooperaciones” son voluntarias y aprobadas por la asamblea de las asociaciones de padres de familia de cada escuela, pública o privada. El artículo 6 señala que para el cumplimiento de su objeto las asociaciones de padres de familia tendrán como una atribución reunir fondos con aportaciones voluntarias de sus miembros para los fines propios de las asociaciones. Por otra parte la fracción III del artículo 24 del Reglamento, a la letra dice “Las asambleas de las asociaciones de padres de familia de las escuelas, …se reunirán para conocer..”, entre otros asuntos, “acordar y proponer las aportaciones voluntarias en numerario, bienes y servicios de los asociados”.

 

Ni la ley ni el reglamento establecen alguna sanción por la omisión de estas cuotas, ni mucho menos que se condicione la inscripción, el servicio educativo, la entrega de documentación o la aplicación de exámenes al pago de dichas “cooperaciones”.

 

Tampoco prevén la participación de directivos o personal de las escuelas o autoridades escolares en la recaudación o administración de estas “cooperaciones voluntarias”, por lo que su participación resulta ilegal. Además, ni la ley  ni ningún reglamento contemplan el pago de cuotas distintas a las “cooperaciones”, por lo que su cobro es ilícito.

 

Las cooperaciones en numerario, bienes y servicios buscan fomentar la ayuda mutua, el ánimo de ofrecer un esfuerzo en términos similares a los demás para el logro de un propósito. Promueven la pertenencia a una comunidad buscando su satisfacción, con responsabilidad social, por eso la ley contempla que no sólo sean en numerario sino en especie o mano de obra. Su destino principal desde siempre ha sido el mejoramiento de las escuelas tanto públicas como privadas, y muchas  escuelas se han transformado con una aplicación adecuada de estas cuotas.

 

Sin embargo las “cooperaciones” se han pervertido y de ser una muestra de solidaridad, se han convertido en negocio de unos cuantos, llegando inclusive a ser un instrumento de chantaje impidiendo el ejercicio del derecho a la educación.

 

Pero el problema no son las “cooperaciones” o cuotas escolares sino que su regulación y la de las asociaciones de padres de familia, que son quienes deben aprobarlas, cobrarlas y aplicarlas, se ha abandonado. El Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia ya cumplió 33 años, y debió haber sido actualizado hace 20 cuando se promulgó la Ley General de Educación conforme al artículo tercero transitorio de esa ley.

 

Si bien es pausible que se pretenda prohibir en la ley el cobro de cuotas obligatorias y que sancionar el cobro de las mismas por parte de directivos y personal de las escuelas o de autoridades educativas, también es necesario actualizar las disposiciones relativas a las asociaciones de padres de familias y las “cooperaciones voluntarias”.

 

La reciente reforma educativa obliga a adecuar el marco jurídico para “fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta”.

 

Una  forma de regular la participación de los padres de familia es a través de un nuevo Reglamento de las Asociaciones de Padres de Familia que continúe fomentando las “cooperaciones”, ratificando su carácter voluntario y solidario; que pueden realizarse en monetario, pero también en especie o mano de obra; erradicando y sancionado la participación del personal de las escuelas y autoridades escolares en la recaudación, administración y aplicación de las mismas; desterrando las prácticas que limitan el derecho a la educación y obligando además a las asociaciones a rendir cuentas claras, transparentes y periódicas sobre el uso y destino de los recursos.

 

 

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