El día de ayer la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo liso y llano a Florence Cassez y en consecuencia decretó su libertad absoluta e inmediata.

 

La decisión ha generado controversia y ha puesto una vez más en entredicho la justicia en nuestro país politizándola, pero es necesario tener en consideración que la decisión de los ministros no se separa mucho de lo que expresaron el 21 de marzo de 2012.

 

En aquella ocasión cuatro de los cinco ministros coincidieron que en el caso existieron serias violaciones al debido proceso y a los derechos humanos y que debía concederse el amparo, pero no coincidieron en su liberación inmediata.

 

En marzo de 2012 los ministros Arturo Zaldívar, autor del proyecto que se discutió en esa sesión, y Olga Sánchez Cordero se pronunciaron por otorgar el amparo liso y llano, para liberar en forma inmediata a Cassez. (Ver La base del amparo Cassez: asistencia consular y la presunción de inocencia).

 

Por su parte el ministro José Ramón Cossío Díaz, también se manifestó por otorgar el amparo pero para efectos, es decir, para que se invalidaran las pruebas que hubiesen sido afectadas por las violaciones, cometidas contra la quejosa, debiendo emitirse una nueva sentencia sin que necesariamente implicara la liberación de Cassez.

 

En esa sesión del año pasado el ministro ya en retiro Guillermo Ortiz Mayagoita señaló que desde su punto de vista el amparo no debía concederse, pues no existían actos de constitucionalidad a revisarse en la demanda de Cassez. Aseguró en ese momento que el que se hayan violado algunas reglas durante su detención, no había significado la corrupción del debido proceso. "Creo que las violaciones cometidas contra la quejosa, están consumadas de manera irreparable y no deben ser objeto de pronunciamiento alguno".

 

El ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo coincidió en que existían violaciones en el caso pero se pronuncio por no conceder el amparo.

 

Al no obtenerse en esa ocasión los votos necesarios en cuanto al sentido del proyecto, se desechó y se returnó a la Ministra Olga Sánchez Cordero.

 

En el proyecto que se discutió ayer la ministra Sánchez Cordero proponía otorgar para efectos el amparo a Cassez, a fin de que se emitiera una nueva sentencia eliminando las pruebas que se encuentraran viciadas de origen.

 

Por distintas causas el proyecto fue rechazado por los cuatro ministros.  Cossío Díaz, coincidió con la conclusión del proyecto de otorgar un amparo para efectos, pero no con los alcances que se pretendía dar a los mismos; Pardo Rebolledo concordó con la posición del ministro Cossío de otorgar un amparo para efectos, cambiando su posición inicial en el caso.

 

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se pronunció también en contra del proyecto y se pronuncio por la liberación absoluta e inmediata, defendiendo el proyecto que originalmente presentó, el 21 de marzo del año pasado.

 

Quien hizo la diferencia fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien vino a sustituir a Guillermo Ortiz Mayagoitia quién estaba por no otorgar el amparo.

 

Ortiz Mena afirmó que la aprehensión violó el artículo 16 de la Constitución, toda vez que la detenida fue retenida por horas y no fue puesta a disposición inmediata del ministerio público, además de que no se le proveyó asistencia consular a tiempo para enfrentar el proceso, pronunciándose a favor del otorgar el amparo, pero en contra del proyecto, manifestándose a favor de la libertad inmediata de la ciudadana francesa.

 

Así las cosas, para lograr que se tomara una decisión definitiva en el asunto, la Ministra Olga Sánchez Cordero retomó su posición personal inicial y decidió modificar su proyecto a fin de amparar y otorgar la libertad inmediata a Cassez.

 

Es conveniente insistir desde marzo de 2012 el consenso entre los ministros era la existencia de violaciones en el proceso y otorgar el amparo y lo que estaba a discusión era que alcances tendría ese amparo, decisión que se tomo el día de ayer.

 

La Primera Sala no decidió sobre la culpabilidad o inocencia de Cassez, sino sobre los efectos que las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos tuvieron en el caso.

 

Este no es el primer caso en el que por este tipo de violaciones se libera a alguien que se encuentra preso. Lo mismo sucedió con quienes se encontraban presos por la matanza de Acteal (ver Acteal, la injusticia 11 años después), los indígenas Manuel Hernàndez Shilón (ver Suprema Corte ordena la liberación de indígena tzotzil) y Sebastiana Gómez Gómez (ver Sebastiana, víctima de la Ley), el presunto inocente Hugo Sánchez Ramírez (ver Desacatan autoridades orden de liberación), por citar algunos.

 

La resolución de la Primera Sala constituye un nuevo llamado al poder ejecutivo para que los procesos penales se inicien de manera adecuada, a fin de evitar consecuencias como las de este caso.

 

Florence Cassez fue sentenciada en primera instancia a 96 años de prisión, sentencia que se modificó tras una apelación a 60 años por los cargos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, tres cargos de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

 

 

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