Desde que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal decidió modificar artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal, que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, al definir al mismo como “…la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua”, se ha convertido en un tema recurrente y problemático para distintas instituciones y otros estados.

 

Esta semana la Suprema Corte de Justicia desechó, por improcedentes, las demandas promovidas por Baja California y Jalisco en contra de esta reforma, por carecer de interés legítimo para impugnarlas, pues éstas no afectan su esfera de competencia como alegan.

 

La posición de la mayoría  de los ministros ha sido analizar caso por caso sobre este tema conforme se vayan presentando, pero al no entrar de nueva cuenta al fondo del tema, queda aún sin definir el alcance y efectos que deben dar cada una de las entidades a los matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos en el Distrito Federal.

 

Y no sólo los estados tienen este problema, también lo tiene los institutos de salud, es decir el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

 

Las parejas homosexuales también tienen problemas ya que sólo aquellos que han promovido un amparo, se han podido registrar en estos institutos.

 

Para resolver este problema, el 11 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó un paquete de reformas a la las leyes del IMSS y el ISSSTE,  para reconocer el derecho a la salud a las personas que viven bajo diversas figuras jurídicas ya previstas en los estados, como son el pacto civil de solidaridad o la sociedad en convivencia, así como los matrimonios del mismo sexo, teniendo acceso a los servicios que estos institutos proporcionan. 

 

El documento pasó a ser discutido en la Cámara de Senadores, pero fue modificado, por lo que la Cámara de Diputados deberá analizar las propuestas y argumentos de rechazo.

 

Los Senadores concluyeron que es innecesario hacer referencia a ambos géneros, es decir, masculino y femenino en estas legislaciones, al considerar que las disposiciones de esta leyes no son discriminatorias, sino que utilizan los nombres o sustantivos en forma masculina en términos de lo previsto en el Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española, que  precisa que: “En los sustantivos que se designan seres animados, el masculino gramatical no solo se emplea para referirse a los individuos de sexo masculino, sino también para designar la clase, esto es, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos”. Así, los senadores eliminan todas las referencias especificando género.

 

Por otra parte, respecto al plazo que se debe vivir en convivencia para constituir el concubinato, los senadores rechazan que este término se disminuya a dos años, dejándolo en cinco años, en concordancia con el Código Civil Federal y los códigos civiles de otros estados.

 

Finalmente, los senadores eliminaron la propuesta de incluir  a las uniones civiles, específicamente a las sociedades en convivencia o los pactos civiles de solidaridad, por considerar que estas figuras no incluyen los beneficios del derecho a la salud, y supuestamente afectarían las finanzas de los Institutos. El problema está en que de no aceptarse estas figuras, se les estaría negando el derecho a la salud, al no poder ser registrados como beneficiarios, limitando ese derecho sólo a los que vivan en concubinato o en matrimonio, lo que podría contraponerse con el artículo 1° de la Constitución.

 

Mientras estas modificaciones son analizadas por la Cámara de Diputados, el derecho a la salud para las parejas del mismo sexo seguirá siendo limitado.

 

 

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