Inconstitucional el bloquear cuentas bancarias sin orden judicial

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En su revisión sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, (actualmente Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, INAI) ahora la Suprema Corte De Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional la facultad de las procuradurías y fiscalías para congelar cuentas bancarias y activos financieros de personas físicas y morales sospechosas durante la investigación de cualquier delito.

Esta facultad se encuentra prevista en el artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales que permite al Ministerio Público o a solicitud de la Policía “… ordenar la suspensión, o el aseguramiento de cuentas, títulos de crédito y en general cualquier bien o derecho relativos a operaciones que las instituciones financieras… celebren con sus clientes...”.

Este es un mecanismo semejante alque aplica el departamento del tesoro en Estados Unidos y que generó tantos problemas a Rafael Márquez.

Con 8 votos a favor y 3 en contra, los ministros determinaron que esta afectación se requiere orden previa de un Juez de Control por lo que declararon la invalidez del artículo, vigente desde 2014.

El Pleno de la Suprema Corte discutirá después los efectos de su sentencia, entre ellos, si da un plazo al Congreso de la Unión para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el alcance de los efectos retroactivos de su fallo.

Ya en otros casos la SCJN se ha inclinado por la inconstitucionalidad de la facultad de bloquear cuentas, específicamente la prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Asimismo, la SCJN se pronunció sobre el embargo precautorio y aseguramiento de bienes por valor equivalente previsto en el artículo 249 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalando que el precepto es inconstitucional y, por lo tanto, inválido ya que se requiere la intervención del Juez de Control que apruebe la aplicación de éstas medidas, señalando el Ministerio Público las circunstancias y los hechos conforme a los cuales esos instrumentos u objetos han desaparecido, las razones por las que estima que esto es atribuible al sujeto imputado, cuál es la medida concreta que solicita y los bienes que pretende asegurar y embargar.

La discusión continuará el próximo martes pues aún faltan cinco temas más por resolver.

Más información scjn.gob.mx

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