En las últimas tres sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han declarado inconstitucionales aquellas disposiciones de carácter municipal previstas en las leyes de ingresos para el ejercicio 20016 de distintos ayuntamientos en diferentes entidades de la República por ser contrarios al artículo 4° de la Constitución que prevé la gratuidad de la primera acta de nacimiento.

Desde el pasado 17 de junio de 2014 se estableció en el párrafo octavo del citado artículo 4 de la Constitución, el derecho de toda persona “a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos”. Esto se conoce como el derecho a la primera acta.

Asimismo, se prevé que la copia certificada del acta también sea gratuita al señalar que “la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento”.

Sin embargo, algunos municipios del país continúan estableciendo en su Ley de Ingresos el cobro de derechos por la expedición de la primera acta de nacimiento.

Hasta ahora la SCJN ha analizado los casos que se han presentado en Nayarit, Morelos, San Luis Potosí, Chihuahua y Baja California, en acciones de inconstitucionalidad que fueron promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La mayoría del Pleno ha coincidido en que el cobro de derechos por el registro de nacimiento extemporáneo e, incluso, multas a los padres del menor por registrar de forma extemporánea a sus hijos, son violatorios del artículo 4 constitucional.

El Tribunal Pleno reiteró que la gratuidad del registro y de la primera copia certificada del acta de nacimiento no se pueden condicionar a plazo alguno y, por el mismo motivo, afirmó que el cobro de derechos por registro extemporáneo es improcedente, de tal forma que las disposiciones de las leyes de ingresos estatales que contenían este tipo de conceptos resultan inconstitucionales, lo mismo que la imposición de multas a los padres por no llevar a cabo el registro en los plazos indicados por la propia legislación.

Por otra parte, en aquellos casos donde el registro y la expedición se hace a solicitud de parte, ya sea en horarios extraordinarios y/o fuera de los locales del Registro Civil, el Pleno consideró que son constitucionales al tratarse de una compensación para los municipios, por la prestación de un servicio distinto al del primer registro y copia certificada, y cuyo cobro no puede considerarse como un costo para obtener el registro o la expedición de la primera acta de nacimiento, y, por eso, el Estado tiene derecho a recibir ese costo adicional.

Con estos precedentes el cobro por el registro de un nacimiento y de la primera copia certificada del acta de nacimiento, deberá quedar fuera de cualquier ley de ingresos municipal.


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