El pasado 22 de marzo, un jurado en San Diego, California, Estados Unidos, falló en contra de Anna Alaburda, una abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Thomas Jefferson, que acusaba a su alma mater de fraude por haber tergiversado los porcentajes de graduados empleados como abogados, como un mecanismo publicitario para generar inscripciones.

Desde la crisis financiera de 2008, los empleos para abogados han ido disminuyendo en los Estados Unidos por lo que no hay garantía de que una vez graduado y habiendo pasado el examen de la barra, ABA, American Bar Association, se encuentre empleo de tiempo completo como abogado.

La abogada Alaburda mantuvo en su demanda que se había inscrito en la Facultad de Derecho de la Universidad Thomas Jefferson después de haber consultado populares guías sobre escuelas de Derecho. Declaró que la Universidad Thomas Jefferson señalaba en una guía de 2004 que el 80 por ciento de sus graduados conseguía empleo dentro de los nueve meses posteriores a la graduación.

“Sabía que no era competitiva como las facultades de Derecho de primer o segundo nivel, pero tenía estadísticas bastante decentes y estaba acreditada por ABA”, dijo Anna Alaburda. “Así que pensé que era una escuela bastante decente para inscribirme”.

Graduada en 2008, con una deuda de US$150,000 por crédito educativo y sin haber logrado conseguir ni un empleo de tiempo completo como abogada, Anna Alaburda inició su acción legal con fundamento en la ley de protección contra fraudes del estado de California, alegando que las cifras expuestas por la Universidad no son reales y que incluyen empleos de medio tiempo y de meseros, gerentes de ventas o limpiadores de albercas. Pedía una compensación de US$125,000 por pérdida de ganancias y como reembolso por colegiaturas.

Sus pretensiones fueron rechazadas por nueve de los doce miembros del jurado, quienes se mantuvieron del lado de la Universidad, cuyo abogado Michael Sullivan dijo: “No estoy aquí para decirles que un título de Derecho es garantía de una carrera exitosa, una garantía de riquezas. No lo es. Ningún título lo es”.

Durante el proceso judicial, la Universidad no aceptó la importancia que se concede a las cifras de empleo de egresados, pero el abogado que representó a Anna Alaburda; Brian A. Procel, explicó que las cifras son importantes porque afectan el posicionamiento de la universidad a nivel nacional en los comparativos, lo que también contribuye a elevar la credibilidad de la institución y a lograr mayor número de inscripciones.

Anna Alaburda no es el primer abogado que se inconforma en contra de su universidad por no haber encontrado empleo, pero su demanda es la primera en contra de una facultad de Derecho en haber llegado ante un jurado. En otros estados como Illinois, Michigan y Nueva York, los jueces han desechado estas demandas argumentando que las personas se inscriben en las facultades de Derecho bajo su propio riesgo, con conocimiento suficiente para saber que un título no asegura el empleo.

Pese a haber sido aceptada la demanda de Anna Alaburda, el juez rechazó que se configurara como una acción colectiva, lo que hubiera implicado un monto más elevado de petición por daños.

Sobre la decisión, Thomas Guernsey, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Thomas Jefferson declaró: “La decisión de hoy por el jurado confirma nuestro inquebrantable compromiso de proporcionar a nuestros estudiantes el conocimiento, habilidades y herramientas necesarias para sobresalir como estudiantes de Derecho, aprobar en examen de la barra y tener éxito en sus carreras profesionales”.

Para el abogado Procel el caso en su conjunto es la esperanza de que futuros estudiantes “tengan acceso a mejor información cuando decidan si deben ir a la universidad”.

Más información nytimes.com

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