El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que los ciudadanos tienen el derecho a ser “olvidados” en Internet, es decir, que podrán reclamar a Google y otros buscadores que retiren los enlaces a informaciones que les perjudican.

Es una sentencia poco común porque es contraria a las conclusiones del Abogado Generald el Tribunal quien en junio de 2013 había señalado que los proveedores de servicios de motores de búsqueda en Internet no son responsables, sobre la base de la Directiva sobre Protección de Datos, de los datos personales incluidos en las páginas web que tratan.

En la sentencia el TJUE establece que un buscador o motor de búsqueda se ajusta a la definición de “tratamiento de datos personales” en el artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46,  en la medida en que  “‘recoge tales datos que ‘extrae’, ‘registra’ y ‘organiza’ posteriormente en el marco de sus programas de indexación, ‘conserva’ en sus servidores y, en su caso, ‘comunica’ y ‘facilita el acceso’ a sus usuarios en forma de listas de resultados de sus búsquedas”.

Asimismo, el Tribunal afirma que los buscadores también están incluidos en el concepto de “responsable del tratamiento” previsto en el inciso d) del citado artículo al poder determinar “los fines y los medios del tratamiento de datos personales”. Esta instancia considera que excluirlos de esta disposición porque no ejerce el control sobre los datos personales publicados por terceros, iría en contra del objetivo de la directiva que “consistente en garantizar, mediante una definición amplia del concepto de ‘responsable’”.

La sentencia destaca que no puede hacerse a un lado el papel decisivo que juegan los buscadores en Internet al facilitar la difusión global de los datos, al presentar a los usuarios un índice de la página web en la que se publican, incluyendo los datos personales.

La decisión del TJUE, no es absoluta ya que considera que es necesario buscar un equilibrio entre el derecho a la información y el derecho al respeto de la vida privada y familiar y a la protección de datos de carácter personal previstos en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Este equilibrio puede depender, dice el TJUE, “de la naturaleza de la información de que se trate y del carácter sensible para la vida privada de la persona afectada y del interés del público en disponer de esta información, que puede variar, en particular, en función del papel que esta persona desempeñe en la vida pública”.

Así, debe analizarse caso por caso y el el interesado debe presentar su solicitud “directamente” al buscador, ya sea Google, Yahoo, Bing o cualquier otro, que deberá examinar si la solicitud es fundada.

Si el buscador se niega a retirar la información, la persona afectada podrá acudir a la autoridad en materia de datos personales y/o a los tribunales con el fin de que estos, de considerarlo procedente, ordenen al buscador retirar la información.

Además, la sentencia deja en claro que las disposiciones de la Unión Europea se aplican a las compañías no europeas que ofrecen sus servicios a los consumidores de esa comunidad. En el caso se consideró a Google Spain como una filial de Google y Google Search al estar destinada a la promoción y venta en el territorio español de los espacios publicitarios del motor de búsqueda, que sirven para rentabilizar el servicio propuesto por el motor.

Para la Comisión Europea (CE) la sentencia del Tribunal es una "buena noticia" para la protección de datos y la privacidad de los ciudadanos.

En el caso, el nombre del español Mario Costeja González fue publicado en un diario  en 1998 por la subasta de unos inmuebles que le pertenecían y que le fueron embargados para pagar unas deudas a la seguridad social. Posteriormente la edición de ese periódico se puso a disposición del público en la red en versión digital .

En 2009 Mario Costeja pidió a la editorial responsable del periódico que retirara esa edición de la red, pero la editorial se negó argumentando que la nota había sido publicada no solo conforme a derecho sino que además la publicación se había hecho por orden de una autoridad española.

En 2010 Costeja pidió a Google Spain que no aparecieran junto a su nombre los resultados de los artículos del periódico en cuestión. Google Spain lo remitió a Google Inc., por lo que el español interpuso una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, contra la editorial responsable del periódico y contra Google. Sobre este caso, el tribunal español remitió una serie de cuestiones al Tribunal de Justicia.

Más información en elpais.com

miabogadoenlinea.net

Se permite la reproducción total o parcial con crédito a miabogadoenlinea.net