Demanda en Auckland por cancelación de conferencia de controvertidos canadienses

Auckland, Nueva Zelanda

Una organización en Nueva Zelanda, Free Speech Coallition, presentó una acción legal en contra del municipio de Auckland para evitar la cancelación de la conferencia que impartirían los controvertidos oradores canadienses Lauren Southern y Stefan Molyneux.

La coalición, integrada por representantes tanto de izquierda como de derecha, presentaron a nombre de Axiomatic Media, organizadora del evento, una petición ante el Tribunal Superior de Auckland para que el Consejo de la ciudad y el alcalde Phil Goff reconsideren la decisión de cancelar el evento.

Stefan Molyneux, quien tiene prohibido el ingreso el Reino Unido, tiene un canal de YouTube y es un autor autopublicado que defiende controvertidas ideas, entre ellas la del genocidio hacia los blancos. Se trata de una persona que ha sido calificada de alt-right, término recientemente acuñado para definir a personas con puntos de vista de extrema derecha. Lauren Southern, de 23 años, lo acompaña en sus ideas y su presentación estaba prevista también para el próximo 3 de agosto en Auckland.

Si bien el organismo del consejo municipal encargado de los eventos en Auckland, Regional Facilities Auckland, canceló el permiso para el evento bajo argumentos de salud y seguridad, en posteriores declaraciones el alcalde de la ciudad Phil Goff, pareció dar a entender que la cancelación obedecía a la exposición de sus polémicas ideas.

Tras estas declaraciones la coalición pidió al público general ayuda para financiar su acción legal y pronto recaudaron más de 90,000 dólares neozelandeses.

“Esta acción es para asegurar que los políticos y funcionarios no puedan discriminar en contra de las opiniones que no les gustan cuando se trata de eventos financiados por los contribuyentes, sin importar que tan ampliamente ‘inaceptables’ esas opiniones sean”, declaró ante los medios David Cumin, integrante de la coalición.

Será el tribunal el que decida si ordena al alcalde clarificar sus declaraciones y determine si, en última instancia, cancelar el evento es una violación al derecho de la libre manifestación de ideas.

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