Fachada de la Corte Suprema colombiana

La Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó a Bancolombia contratar guías e intérpretes para ciegos, sordociegos e hipoacúsicos y que capacite a su personal para que atienda a esta población sin ninguna excusa.

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme 22 acciones populares que le ordenan a Bancolombia S.A. tener guías e intérpretes para personas con estas discapacidades en igual número de sucursales en ese país.

El caso inició cuando un ciudadano interpuso las acciones populares contra la institución financiera porque consideró que se estaban vulnerando los derechos colectivos por no tener guías e intérpretes permanentes para brindar un eficiente servicio a esta población.

El Juzgado Civil de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, negó las pretensiones en primera instancia al manifestar que era innecesario imponer cargas desproporcionadas y porque, en su criterio, existen otras herramientas para ofrecer la atención a personas en condición de discapacidad.

Todas las decisiones fueron apeladas ante el Tribunal Superior de Pereira que, después de agrupar las acciones populares, revocó la decisión de primera instancia y protegió los derechos colectivos al acceso de servicios públicos y su prestación efectiva y oportuna.

Sin embargo, Bancolombia S.A., apeló la decisión de segunda instancia argumentando que es imposible de cumplir, que no se demostró por qué se afectaba los derechos colectivos y que para la atención de este tipo de población se cuenta con una plataforma virtual para comunicarse en tiempo real, entre otras cosas.

La Sala Civil consideró que la apelación está llamada al “fracaso” porque en la sentencia de segunda instancia se analizan las razones por las cuales la ausencia del intérprete o guía en las sucursales “constituía una amenaza para los derechos fundamentales de las personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas”.

“Los sordos y sordociegos son sujetos que, dada su condición de vulnerabilidad manifiesta, ameritan una especial protección por parte del Estado, como quiera que la disminución de sus capacidades les impide desenvolverse en cualquier entorno de la misma manera como lo hace el resto de ciudadanos”, concluyó la Sala Civil.

Más información elespectador.com

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