Se oponen a que en censo de Estados Unidos se pregunte la ciudadanía

Cuestionario del Censo 2010

A finales de marzo el Departamento de Comercio en Estados Unidos, responsable de realizar los censos de población, anunció que en el censo a realizarse en 2020 se incluiría una pregunta sobre la ciudadanía de las personas a pesar de que esa pregunta fue eliminada del formulario desde 1950.

Esta intención ha creado distintas reacciones en ese país, siendo la más reciente la de los legisladores demócratas latinos que anunciaron que combatirán la decisión de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, primero en el Congreso y, de ser necesario, en la Suprema Corte de Justicia.

La Oficina del Censo cuenta cada diez años el número total de personas que hay en EEUU, no el total de ciudadanos, y desde hace más de 70 años no pregunta sobre el estado de ciudadanía de los individuos.

El recuento del censo se usa para definir los distritos electorales y determinar dónde se utilizarán los fondos federales, estatales y locales para construir nuevas escuelas, carreteras, centros de salud, cuidado infantil y para personas mayores. Sus resultados también son la base de innumerables estudios gubernamentales y académicos que impulsan las decisiones de política pública y las legislaciones del Congreso.

Si la medida continúa, los inmigrantes ilegales o legales, estarían reacios a participar en un proceso que de por sí ya se considera intrusivo y que al final terminaría  afectando el presupuesto federal que recibe cada estado.

El primero en demandar fue el gobierno de California a través del fiscal Xavier Becerra, al considerar que la pregunta es "inconstitucional ya que la constitución establece que hay que contar a todos los que están viviendo en Estados Unidos, no a todos los ciudadanos", además de que puede intimidar a los inmigrantes a no responder la encuesta.

En adición, desde el anuncio de la inclusión de la pregunta, un total de 161 alcaldes, 19 fiscales estatales, así como seis exdirectores del censo se han pronunciado contra la decisión del Departamento de Comercio.

Los miembros de la Cámara de Representantes consideraron que es un acto de intimidación para evitar la participación de indocumentados, lo que afectaría en especial las partidas presupuestales a estados como California o Texas.

Hasta el momento existen tres iniciativas de ley en el Congreso para frenar la inclusión de la pregunta, pero requieren el apoyo de los republicanos para ser aprobadas.

La demócrata Norma Torres, que representa un distrito electoral de California, uno de los estados que serían más afectados si se subestima la población de la entidad, lamentó que su queja no haya encontrado eco entre los republicanos.

“Un ánimo republicano no existe desafortunadamente. Nosotros vamos a llevar este caso a la Suprema Corte, pero más importante, vamos a llevar este caso a las primarias y a las elecciones de noviembre. Nuestra gente está con mucha energía, y no va a seguir tolerando estas políticas racistas de esta administración”, apuntó.

Los legisladores opuestos a la pregunta van a intentar por ahora incluir un lenguaje en el proyecto de ley de gastos del próximo año fiscal para que se prohíba destinar fondos federales al censo si incluye la pregunta de la ciudadanía.

Más información eltiempo.com

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