Logo de Chevron y contaminación en Lago Agrio

La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó revisar la apelación presentada por un grupo de ciudadanos ecuatorianos para cobrar a la petrolera Chevron Corporation una indemnización por contaminación de 8,650 millones de dólares, establecida por un tribunal ecuatoriano y que buscaba hacerse efectiva en Estados Unidos.

Este es un caso que tiene veinticuatro años yendo y viniendo en los tribunales de Ecuador y tribunales internacionales. En Ecuador se localiza una zona petrolífera llamada Lago Agrio, en la que la explotación ha generado graves problemas ecológicos incluyendo la contaminación del agua, la contaminación del suelo, la deforestación y trastornos culturales.

La zona fue explotada por TEXACO y la compañía estatal CEPE, que se convertiría en Petroecuador. La explotación estuvo a cargo de este grupo de empresas de 1972 a 1990, pero a partir de 1990 la zona sólo la operó Petroecuador, que para 1993 sería el único dueño.

Texaco, siguiendo las prácticas de esa época, no trató el agua proveniente de los pozos y la acumuló en pozos al aire libre. En 1993 se inició en Estados Unidos una acción colectiva en contra de Texaco por los 30,000 habitantes de la región. En el 95, Texaco acordó limpiar un número de pozo con desperdicios petroleros, en proporción a su participación en el consorcio, a cambio el gobierno liberaba a Texaco de futuras obligaciones. El caso fue desechado en 2001 por falta de jurisdicción, con la condición de que se sujetara a los tribunales de Ecuador. En el inter, en 2000, Chevron adquirió Texaco.

En el año 2003 Chevron en Ecuador fue demandado en Ecuador. En el 2011, un Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia en la cual obliga a Chevron a indemnizar con 9500 millones de dólares a las comunidades indígenas afectadas y a pedir perdón en un plazo de dos semanas. En caso de no hacerlo, la indemnización aumentaría a 19,000 millones de dólares. Chevron no pidió perdón, ni abonó la suma de la indemnización, sino que apeló ante un tribunal provincial, el cual un año más tarde ratifica la indemnización por 19,000 millones de dólares. La empresa además interpuso una demanda en la corte de La Haya contra el proceso judicial en Ecuador, argumentando que el presidente ecuatoriano habría interferido en la decisión del tribunal.

Los demandantes trataron de hacer efectiva la sentencia en Estados Unidos, pero Chevron logró que los tribunales norteamericanos resolvieran a su favor, impidiendo el cobro de la indemnización.

Si bien no hay duda de que hubo contaminación, la petrolera argumentó que no es responsable y que el abogado de los demandantes y sus socios orquestaron la redacción de un reporte medioambiental clave y sobornaron al juez que presidió el caso en Ecuador.

En 2014, un juez de distrito estadounidense impidió el cumplimiento del dictamen tras considerar que se emplearon medios inadecuados para obtenerlo. El año pasado, una corte de apelaciones en Nueva York ratificó la decisión, mencionando "un desfile de acciones corruptas" incluyendo extorsión y fraude que llevaron al ofrecimiento de sobornos.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York dictaminó que el fallo que estipula una compensación por 8,646 millones de dólares de Chevron tenía "claras señales" de conducta corrupta, cometida por el equipo legal que representaba a los ciudadanos ecuatorianos de la zona afectada.

Inclusive Chevron demandó en Estados Unidos al abogado norteamericano que lleva el caso de los quejosos por los supuestos actos de corrupción.

Finalmente la Suprema Corte se ha negado a revisar el caso.

Para los demandantes ecuatorianos, la lucha aún no termina, ya que también han intentado acciones de cobro en Canadá, Argentina y Brasil, donde Chevron tiene activos, y los casos aun no concluyen.

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