Las reformas constitucionales relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015 y en ellas se estableció que a más tardar el 28 de mayo de 2016 debían aprobarse las leyes generales que dieran sustento al sistema, además de la consecuente adecuación de la disposiciones necesria para el funcionamiento del mismo. Como el poder legislativo no dio cumplimiento  a tiempo a esta disposición, se abrió un periodo extraordinario en el que se están discutiendo estas y otras leyes.

Cuando yo era niño, una persona cercana a mi, robó de un supermercado unas tarjetas de felicitación para regalarlas en 14 de febrero. Los vigilantes del supermercado lo descubrieron y llamaron a su madre que tuvo que pagar las tarjetas. Cuando llegaron a su casa el joven recibió un regaño épico de parte de su madre, y de su padre también, que había tenido que dejar su trabajo para atender la emergencia. Si eso hubiese sucedido ahora, esa persona tal vez hubiese terminado en la cárcel al menos durante un mes.

El próximo 19 de junio entra en vigor en todo el país la reforma que crea el nuevo sistema penal acusatorio, pero que también faculta a las policías para actuar, en coordinación con el Ministerio Público, en la investigación de los delitos, como queda establecido en el artículo 21 constitucional que dispone en su primer párrafo que “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”.

María Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil "Alto al Secuestro", y Nelson Vargas denunciaron que por violaciones al debido proceso el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito de Circuito le otorgó un amparo directo a un presunto secuestrador, por lo que se ordenó su inmediata y absoluta liberación.

Esta semana se ha estado discutiendo en el seno de las comisiones de la Cámara de Diputados la minuta del Senado sobre la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional, para regular las solicitudes de suspensión de garantías.

La semana pasada, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció que todos los vehículos que transitan en la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México, dejarán de circular un día por semana y un sábado al mes, del 5 de abril al 30 de junio, lo que ha generado protestas y la amenaza de una lluvia de amparos.

En al menos dos entidades de la de la República, Veracruz y la Ciudad de México, en los últimos meses se han reformado las disposiciones del Reglamento de Tránsito, que han generado inconformidad por parte de la sociedad, especialmente por lo que se refiere al aumento de las multas aplicables a las personas que comentan alguna infracción al conducir.

La semana pasada los manglares y fauna que sobrevivían en el Malecón Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, después de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) realizó obras de urbanización en la zona, fueron arrrasados en sólo dos días, generando el descontento de la sociedad, pero como la famosa obra de Gabriel García Márquez, “Crónica de una muerte anunciada”, esta es la crónica de un ecocidio anunciado.

Dentro de poco el Distrito Federal se convertirá en la Ciudad de México, al cambiar su estatus jurídico de Distrito Federal a Ciudad Capital, al haberse aprobado por 17 de los congresos estatales la reforma constitucional que refleja este cambio.