Durante el pasado periodo vacacional, uno de los más importantes por la cantidad de personas que salen de vacaciones, se habló mucho en los medios sobre el robo a casa habitación ante el nuevo sistema de justicia penal.

El Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz concluyó que, en el caso de Diego Cruz, acusado del delito de pederastia, no se aportaron los elementos suficientes para acreditar el abuso sexual y la indefensión.

En la prensa nacional han llamado la atención dos casos, que aunque independientes entre sí, tienen su base en la misma problemática, la aplicación del artículo 16 constitucional y su regulación en la legislación ordinaria.

Desde hace casi siete años se analizan en el Congreso de la Unión distintas iniciativas relacionadas con la policía: la iniciativa de reforma constitucional sobre mando único policial, la minuta del Senado de reforma constitucional sobre mando policial mixto, las reformas a la ley de seguridad nacional, la ley de seguridad interior... pero por una u otra razón no se han convertido en ley vigente.

Todo parece indicar que la mayoría del contenido de las acciones inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México a la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública de dicho Estado será desestimado, por lo que podrá ser aplicada.

El caso del exgobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, nos permite aproximarnos al nuevo sistema penal acusatorio e ir entendiendo cómo funciona, especialmente en conceptos como la libertad bajo caución o fianza y prisión preventiva.

Desde hace dos semanas se vive una gran controversia en Chihuahua por el formato de las nuevas actas de nacimiento, en las que el apartado en donde aparecen los datos de los padres ahora se denomina “Datos de filiación de la persona registrada”, y ya no aparece un apartado específico con los vocablos “padre” y “madre”.

La senadora Sonia Rocha Acosta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República presentó una iniciativa para adicionar al artículo 55, una fracción, en la que se establezca como requisito para ser legislador, el tener como mínimo “… el nivel académico superior acreditado con título y cédula profesional”.

En Chihuahua el coordinador en el Congreso del estado de la fracción parlamentaria del PAN aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede obligar al Congreso del Estado a legislar el tema de matrimonios igualitarios, aún y cuando existan las sentencias suficientes para generar jurisprudencia en el caso.