El pasado 30 de enero, Mariana Clemente, esposa del portero de Pumas, Alfredo Saldívar, denunció a través de su cuenta de Twitter la forma violenta en que unos policías de la Ciudad de México los detuvieron e intentaron obligarlos a bajar de su automóvil.

 

Está en el aire una radical reforma judicial y a la procuración de justicia, a presentarse los primeros días de febrero de este año. Mientras, circularon en las redes sociales un paquete de iniciativas que generaron preocupación en algunos, por decir lo menos. Otros consideran que es lo que se necesita para recuperar la seguridad. Tal vez valdría recordar las lecciones que dejó el documental Presunto Culpable.

 

Desde hace más de una década las pantallas de la televisión se han llenado de series y telenovelas relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado, protagonizadas por los delincuentes a los que se supone que como sociedad combatimos.

 

El martes, la Cámara de Diputados aprobó las reformas constitucionales que incorporan a nuestra Constitución la figura de revocación de mandato que prácticamente se encuentra vigente en todos los estados y que modifica la regulación de la consulta popular. Previamente fueron aprobadas por el Senado.

 

El gobierno de la República ha realizado un inusual ejercicio de transparencia en relación con los hechos de Culiacán del pasado 17 de octubre, en el que la supuesta detención de un presunto narcotraficante generó balaceras y otros hechos de violencia en distintos puntos de esa ciudad sinaloense. Sin embargo, a pesar de esta transparencia, aún existen más preguntas que respuestas en torno al incidente.

 

Esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019 que, en resumen, refleja los mismos índices de impunidad.

 

Parece que el asunto de Manuel Mireles y sus dichos misóginos y vulgares sólo quedarán para el anecdotario, sin ninguna consecuencia real para el funcionario público, salvo que la Secretaría de la Función Pública decida aplicarle alguna sanción después de la supuesta investigación que inició sobre el caso.

 

México es un país lleno de simbolismos, unos por costumbre, y otros por ley, como es el uso de la banda presidencial por el titular del ejecutivo federal en turno, y que, conforme con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, es obligación de éste portarla en determinados eventos.

 

El martes 3 de septiembre, el Congreso de Veracruz aprobó por mayoría calificada la remoción temporal de Jorge Winckler Ortiz del cargo de Fiscal General del estado, por no cumplir con la revalidación del certificado de confianza.