La semana pasada el presidente Felipe Calderón estuvo en Chihuahua, Chihuahua, inaugurando una planta de Ford.

 

En los diarios se comentaba que era ineludible que el Presidente se refiriera a la situación de inseguridad que se vive en Ciudad Juárez, especialmente después del llamado que hicieran los comerciantes de esa entidad para que los cascos azules controlaran a la delincuencia.

 

Estaban equivocados.

 

El Presidente Calderón se limitó a prometer el uso honesto, austero, eficaz y transparente de cada peso del presupuesto de egresos para el próximo año, y no hizo referencia a los más de 2, 400 ejecutados que han llevado a que Ciudad Juárez sea considerada la ciudad más violenta del mundo, a pesar de la presencia de más de más de 8.000 militares desplegados por el gobierno para enfrentar al crimen organizado.

 

Al día de hoy siguen haciendo eco las declaraciones del alcalde de San Pedro Garza García Mauricio Fernández, quien habla, sin ningún empacho, sobre “comités de limpieza” que buscarán disuadir a los delincuentes para que dejen de operar en su municipio o se atengan a las consecuencias, reconociendo que sería un grupo armado que actué fuera de la ley.

El presidente Calderón, sin referirse directamente a él o a sus palabras, en la Cumbre de Negocios expresó su punto de vista señalando que la ley se tiene que acatar y que su cumplimiento mismo es fuente de legitimidad porque la tarea más importante del Estado es esa: cumplir y hacer cumplir la ley.

En el Senado se presentó un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo un informe detallado sobre la existencia de los “Escuadrones de la Muerte” en el país y, por supuesto, se busca crear una Comisión que investigue las causas y alcances de estos grupos.