Este es el título de una película protagonizada por Samuel L. Jackson, en la que interpreta al Coronel Terry Childers, a quien acusan de desobedecer las “rules of engagement” o reglas para el combate o la acción, al disparar contra una muchedumbre en Yemen, matando a 83 civiles, para descubrir después, en una corte marcial, que dentro de la muchedumbre se encontraban personas con armas automáticas disparando, por lo que se consideró que el uso de la fuerza estaba justificado.

 

Estas reglas especifican a los militares cuando pueden hacer uso de la fuerza y cuando y a que le pueden disparar.

 

Si las leyes contra el lavado de dinero hubiesen existido en Estados Unidos durante la época en que se prohibió el alcohol, Al Capone hubiera sido condenado por ese delito.

Capone se presentaba como un negociante de muebles usados, pero en realidad era uno de los principales traficantes de licor durante la época de la prohibición, entre 1921 y 1933 en Estados Unidos, y que bañó de sangre la ciudad de Chicago, Illinois.

Desde que se iniciaron los trabajos del segundo periodo de sesiones del Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación el pasado 2 de agosto, se ha estado estudiando la constitucionalidad de la reforma al artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal, que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, al definir al mismo como “…la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua”.

 

La discusión se centró en tres temas: la constitucionalidad de la reforma, los alcances que la misma tienen a la luz del artículo 121 constitucional y el tema de la adopción por parejas del mismo sexo.

Con la tesis de jurisprudencia por contradicción de teis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, sobre el límite de las pensiones, mucho se ha escrito en contra del Poder Judicial.

 

Que la Corte redujo o disminuyó las pensiones, que modificó o reformó la ley. Estas afirmaciones son falsas, y también encubren a otros responsables relacionados con esta decisión.

 

El artículo 49 de la Constitución Política, señala que el Supremo Poder la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En una definición simple tenemos que al poder legislativo le corresponde crear las leyes, al poder ejecutivo le corresponde aplicarlas o ejecutarlas y al poder judicial dirimir las controversias que se le planteen en relación las leyes.

 

El pasado domingo fueron las elecciones en 14 estados de la República; en 12 de ellos se eligió gobernador.

 

Especialistas, analistas, periodistas, políticos, y demás han dado su diagnóstico sobre los resultados de las mismas. Todos nos quieren contar el mismo cuento chino o llevar agua a su molino.

 

A muchos desagradó el dictamen final que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de la guardería ABC.

 

El fallo no tiene los alcances que se hubieran deseado, y mientras no exista una ley reglamentaria sobre el ejercicio de las facultades de investigación que el artículo 97 de la Carta Magna confiere a la Corte, seguiremos teniendo un mal sabor de boca cada vez que se ejerza esta facultad. "El fallo tiene los límites estructurales que la Constitución establece", así lo dijo el ministro Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Corte.

Los problemas de seguridad siguen ocupando las primeras planas: el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, más recientemente el caso Greg Sánchez y por supuesto, los consabidos hechos relacionados con el narcotráfico.

Y como siempre la sociedad exige compromiso, exige responsabilidad, exige respeto a las leyes, exige justicia, en resumen exige seguridad.

¿Pero que es la seguridad?

Recientemente hemos visto la noticia del intento de atentado con un coche bomba ubicado en la Calle 45 Oeste y la Séptima Avenida, en el corazón de Times Square, en Nueva York. En 53 horas de investigación el FBI (Federal Bureau of Investigation) logró la detención del presunto responsable Faisal Shahzad.

Según la solicitud de consignación presentada por el Agente FBI, Andrew P. Patchman, en contra de  Faisal Shahzad, como presunto responsable del atentado, la clave del caso, además de los errores del terrorista, fueron la coordinación policiaca y los registros o bases de datos.

Los medios tradicionales han centrado la discusión del RENAUT en si Felipe o Andrés tienen registrados más de x celulares en su nombre, la confiabilidad y seguridad de datos inútiles, o los muy sesudos, en cuestionar la falta de un reglamento.

 

Pero lo que debíamos estar preguntando es ¿por qué el ejecutivo federal ha estado dispuesto a violar el principio de legalidad y el Estado de Derecho con la operación del falso RENAUT? ¿Por qué inclusive ha puesto en riesgo la existencia del mismo?

 

¿Por qué los concesionarios, aparecen como paladines de la justicia, a sabiendas de que ellos también están violando la Ley al no requerir la documentación necesaria para la identificación en las nuevas líneas que están vendiendo? ¿Por qué sólo señalan al gobierno y no a TELCEL o MOVISTAR, siendo que era de ellos la obligación de recabar la información y documentación de los usuarios propietarios de los móviles vendidos antes de la entrada en vigor del RENAUT?