Con la tesis de jurisprudencia por contradicción de teis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, sobre el límite de las pensiones, mucho se ha escrito en contra del Poder Judicial.

 

Que la Corte redujo o disminuyó las pensiones, que modificó o reformó la ley. Estas afirmaciones son falsas, y también encubren a otros responsables relacionados con esta decisión.

 

El artículo 49 de la Constitución Política, señala que el Supremo Poder la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En una definición simple tenemos que al poder legislativo le corresponde crear las leyes, al poder ejecutivo le corresponde aplicarlas o ejecutarlas y al poder judicial dirimir las controversias que se le planteen en relación las leyes.

 

El pasado domingo fueron las elecciones en 14 estados de la República; en 12 de ellos se eligió gobernador.

 

Especialistas, analistas, periodistas, políticos, y demás han dado su diagnóstico sobre los resultados de las mismas. Todos nos quieren contar el mismo cuento chino o llevar agua a su molino.

 

A muchos desagradó el dictamen final que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de la guardería ABC.

 

El fallo no tiene los alcances que se hubieran deseado, y mientras no exista una ley reglamentaria sobre el ejercicio de las facultades de investigación que el artículo 97 de la Carta Magna confiere a la Corte, seguiremos teniendo un mal sabor de boca cada vez que se ejerza esta facultad. "El fallo tiene los límites estructurales que la Constitución establece", así lo dijo el ministro Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Corte.

Los problemas de seguridad siguen ocupando las primeras planas: el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, más recientemente el caso Greg Sánchez y por supuesto, los consabidos hechos relacionados con el narcotráfico.

Y como siempre la sociedad exige compromiso, exige responsabilidad, exige respeto a las leyes, exige justicia, en resumen exige seguridad.

¿Pero que es la seguridad?

Recientemente hemos visto la noticia del intento de atentado con un coche bomba ubicado en la Calle 45 Oeste y la Séptima Avenida, en el corazón de Times Square, en Nueva York. En 53 horas de investigación el FBI (Federal Bureau of Investigation) logró la detención del presunto responsable Faisal Shahzad.

Según la solicitud de consignación presentada por el Agente FBI, Andrew P. Patchman, en contra de  Faisal Shahzad, como presunto responsable del atentado, la clave del caso, además de los errores del terrorista, fueron la coordinación policiaca y los registros o bases de datos.

Los medios tradicionales han centrado la discusión del RENAUT en si Felipe o Andrés tienen registrados más de x celulares en su nombre, la confiabilidad y seguridad de datos inútiles, o los muy sesudos, en cuestionar la falta de un reglamento.

 

Pero lo que debíamos estar preguntando es ¿por qué el ejecutivo federal ha estado dispuesto a violar el principio de legalidad y el Estado de Derecho con la operación del falso RENAUT? ¿Por qué inclusive ha puesto en riesgo la existencia del mismo?

 

¿Por qué los concesionarios, aparecen como paladines de la justicia, a sabiendas de que ellos también están violando la Ley al no requerir la documentación necesaria para la identificación en las nuevas líneas que están vendiendo? ¿Por qué sólo señalan al gobierno y no a TELCEL o MOVISTAR, siendo que era de ellos la obligación de recabar la información y documentación de los usuarios propietarios de los móviles vendidos antes de la entrada en vigor del RENAUT?

 

El tema de esta semana será el llamado “anatocismo a la inversa” que hoy se empieza a discutir en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El principal asunto tienen su origen en un pagaré de 1987 de 400,000 viejos pesos, que pretenden cobrar los beneficiarios, pero Banamex amablemente los invitó  a cobrarlo “…en tribunales…”.

Para sorpresa del banco, pierden el asunto tanto en primera como segunda instancia, por lo que se van al amparo y solicitan la atracción de la Corte para que resuelva, en virtud de la importancia del asunto. De esto hace ya tres años.

 

Durante dos semanas Cd. Juárez subió al escenario nacional.

El Presidente Calderón  hábilmente le dio la palabra  a la comunidad, a los más afectados, se disculpó, escuchó, discutió, propuso y nombró a tres representantes personales. Se anunciaron muchos programas sociales para rescatar a la ciudad, ahora tendrán que salvar la barrera burocrática para materializarse.

El Gobernador José Reyes Baeza hizo un mea culpa, pero los juarenses no lo han perdonado, como se lo hicieron sentir en el Colegio de Bachilleres No. 9, donde le reprocharon su dejadez: “¿Por qué tuvo que haber una matanza de estudiantes para que usted se ocupara de Ciudad Juárez?” 

Creo que como todos, cuando era niño quería ser policía. Ya más grande, mis aspiraciones empezaron a tomar forma y me decidí a estudiar derecho, pero todavía quería ser policía. Al momento de iniciar la Universidad, estaba dispuesto a entrar a la academia de policía, pero mis padres me convencieron de que estudiara primero la Licenciatura en Derecho y después ingresará a la policía.

Por mi cuenta adquirí y me regalaron libros sobre criminalística, para tener conocimientos sobre estos temas, aunque mi desarrollo profesional me llevó por otros caminos, así que nunca ingrese a los servicios de seguridad pública.

Pero en la carrera las materias relacionadas con los temas de seguridad siempre me interesaron: Criminología, medicina forense, derecho penal, derecho penitenciario.

Ahora que surgió en los medios toda la información del caso Cabañas, recordé aquellos libros y clases.