En las últimas entregas hemos estado hablando de la Ley de Seguridad Nacional, con la cual se pretende regular la participación del ejército en el combate al crimen organizado.

 

En los medios el tema murió, al menos por ahora, y parece ser que para los legisladores también al estar en receso el Congreso, ya que ni siquiera las comisiones que deben revisar la iniciativa se han reunido.

Desde hace varias semanas, a raíz de las pretendidas reformas  a la Ley de Seguridad Nacional, el tema de la seguridad nacional ha estado en boca de muchos. Cada quién la entiende de forma distinta y algunos desconocemos los alcances que tiene y lo que en realidad implica.

 

El tema es novedoso legislativamente hablando, porque antes de abril de 2004, fecha en la que se reformaron la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el concepto no se incluía ni en la Constitución ni en la leyes secundarias.

 

 

Hace tres años, a través de un reglamento, se creó el organismo desconcentrado Servicio de Protección Federal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

 

Este organismo tiene como función principal proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad a dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, órganos de carácter federal de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y organismos constitucionalmente autónomos, mediante el pago de una contraprestación.

 

Es decir, el organismo se creó para absorber los servicios de seguridad que las dependencias y entidades contrataban hasta ese momento, y que en teoría es un buen negocio.

 

Pero hasta el momento no ha funcionado como se supone que lo haría.

 

El 18 de febrero se estrenó en los cines nacionales la película-documental Presunto Culpable que se anuncia con el slogan “En México, ser inocente no basta para ser libre”.

 

El film presenta el caso de José Antonio Zúñiga, quién es acusado de homicidio, y que a pesar de los testigos de descargo y que no existe evidencia física en su contra, es condenado a 20 años de prisión basándose el juez exclusivamente en el testimonio de Víctor Reyes Bravo, primo de la víctima.

 

La película causó gran impacto social pero atrajo más público y controversia a partir de que Víctor Reyes Bravo interpuso un amparo en contra de la autorización otorgada por la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía (RTC) para la distribución, exhibición y comercialización de la película porque considera que se viola su derecho fundamental a la intimidad y a la vida privada, y que la juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Blanca Lobo Domínguez, otorga la suspensión provisional del acto reclamado, decisión que lleva a que  la película se deje de exhibir.

 

Ayer en la Plaza Tahrir en El Cairo se reunió más de un millón de personas para exigir la renuncia del presidente Hosni Mubarak con miles de pancartas con frases como "Este no es tu país" o "Vete ya". En Túnez ya cayó Ben Alí.

 

En México podemos estar tranquilos, eso nunca sucederá, porque el problema no son nuestros políticos, somos nosotros, y tenemos el gobierno que elegimos democráticamente.

 

Al finalizar la sesión de los “Diálogos por la Seguridad” del 12 de enero el presidente se refirió al caso de Marisela Escobedo en Chihuahua, mismo que hemos comentado ampliamente en este espacio. Señaló que “es necesario evitar que el  ‘hipergarantismo’ cancele las posibilidades de justicia… (exagere) las garantías del procesado en grado tal que cancele las garantías de la sociedad…duele mucho que el esfuerzo que se hace por la sociedad y el gobierno para combatir la criminalidad se debilite finalmente en la última etapa (los juzgados)”.

El Presidente consideró que “…por un formalismo los jueces tuvieron la oportunidad de no condenar…los jueces se están convirtiendo más que en jueces, en verificadores de requisitos”. Estos comentarios los ratificó en entrevista con el periodista Jorge Fernández Menéndez, agregando además que “…parte de la impunidad está en el Poder Judicial…”

 

Entiendo que Felipe Calderón, el abogado, tenga una visión parcial, y sea empático con las víctimas de un delito como Marisela Escobedo, Eduardo Gallo, Miranda Wallace o Alejandro Martí.

 

 

A nivel nacional se ha generado una gran reacción condenando el homicidio de Marisela Escobedo Ortiz quien fuera asesinada el pasado jueves, mientras se manifestaba frente al  palacio de Gobierno de Chihuahua exigiendo justicia para su hija de 16 años Rubí Marisol Frayre, cuyo homicida, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, se encuentra prófugo de la justicia.

 

Las protestas de la Sra. Escobedo iniciaron en julio de 2009 cuando empezó el juicio en contra de Sergio Barraza. Exigía que se le condenara a la pena máxima por el homicidio de su hija.

 

La Senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa de Ley que crea el Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, Creadores y Gestores Culturales a la Seguridad Social.

 

El objetivo de la ley es otorgar un apoyo a artistas, creadores y gestores culturales (“trabajadores culturales”) para que cubran su incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social.

 

 

Pareciera que nuestros problemas son ciclos, repitiéndose en cada siglo.

 

En el siglo XIX, después de que nace el México independiente, uno de los problemas centrales fue lograr que hubiera paz, alterada durante los once años de de guerra.

 

Y la inseguridad existió durante un gran periodo de tiempo, porque después de la Independencia vino la Guerra de los Pasteles, la invasión norteamericana, después la Guerra de Reforma, la segunda invasión francesa, el segundo imperio.