Hace un año escribimos sobre la iniciativa que promovía la senadora-actriz María Rojo para crear la Ley que crea el Fondo para el Acceso de Artistas, Creadores y Gestores Culturales con el fin de que se constituyera un fideicomiso conformado, entre otras aportaciones, con recursos del presupuesto federal para “otorgar un apoyo económico en los términos establecidos en esta Ley, a los artistas, creadores y gestores culturales para su incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social”. Es decir, subsidiar su incorporación.

 

El pasado jueves fue aprobada por el Senado y pasó a la Cámara de Diputados para su análisis. Desde mi punto de vista esta iniciativa es discriminatoria y da un trato privilegiado a solo un sector de la población.

 

 

El pasado 26 de octubre la Procuraduría General de la República implementó un operativo en cuatro locales de la Central de Abasto en Puebla, Puebla, para decomisar mercancía “pirata” en razón de una querella presentada por el representante legal de Marvel Characters Inc., y The Cartoon Network Lp, Llllp.

 

En ese operativo los agentes federales aseguraron mil 460 productos apócrifos, porque supuestamente carecen de licencias de derechos de autor. Entre los productos se encuentran espanta suegras, gorros, alcancías, antifaces, planillas e invitaciones de la marca Ben 10; y antifaces, invitaciones, platos, vasos, rompecabezas de la marca Spiderman.

 

En el país se está presentando un fenómeno que podemos llamar de las Leyes Pedro, por aquello de la Fábula de Esopo sobre Pedro y el Lobo, que tanto dio avisos falsos sobre la llegada del depredador, que cuando fue un aviso real, la comunidad lo ignoró perdiendo sus ovejas.

 

Primero fue Tabasco quien decidió sancionar las alarmas falsas, ahora es Veracruz, y atrás vienen Hidalgo y Coahuila.

 

El caso que más ha llamado la atención por su origen es el caso de Veracruz, ya que la iniciativa se motiva por avisos falsos dados en Internet, a través de las redes sociales de Twitter y Facebook.

 

A las personas presuntamente responsables se les sujetó a proceso penal acusados de terrorismo equiparado y sabotaje, con una pena que puede ir de los 3 a los 30 años de prisión.

 

Pero el asunto generó el descontento de los usuarios de Internet y de esas redes sociales en particular, ya que afirman que se está violando la libertad de expresión.

 

 

Ayer viví esta experiencia que, además de generarme angustia y miedo, terminó por dejarme un gran enojo y aunque estos temas en particular están alejados de nuestra línea editorial quiero compartirla con nuestros lectores para que eviten de caer en la misma situación.

 

Había sido una mañana difícil, en la que estaba desanimado por situaciones de trabajo, por lo que no actuaba con total racionalidad.

 

Todo empezó con una llamada de un número privado, la cual dudé en contestar, pero a pesar de ello terminé contestando. Y a partir de ese momento empezó el problema.

 

Los gobiernos federal y locales nos muestran con una gran desfachatez que para recibir justicia es necesario ser millonario o intelectual.

 

Los secuestradores de Fernando Martí fueron detenidos y consignados por que al final, era hijo del empresario Alejandro Martí. Los asesinos de Juan Francisco Sicilia Ortega fueron capturados porque era hijo de Javier Sicilia.

 

Y ahora el poeta Efraín Bartolomé, denunció que en la madrugada del día 11 de agosto había sido víctima de un cateo ilegal en su casa ubicada en la colonia Torres de Padierna, en la Delegación Tlalpan del Distrito Federal, efectuado por policías que el identifica como de la PFP, en el que se hicieron destrozos en su casa, e incluso le robaron varios objetos, entre ellos un reloj Omega Speedmaster Professional.

 

Ese mismo día la respuesta de las autoridades no  se hizo esperar.

 

Ayer se reunió Javier Sicilia y diversas organizaciones civiles con el Presidente de la República en el Castillo de Chapultepec. Esta es la tercera reunión del Presidente con víctimas que brincaron a la palestra nacional, la primera fue la generada por Alejandro Martí, la segunda por las víctimas de Villas de Salvarcar.

 

Esta reunión fue más sui generis porque en el movimiento social de Sicilia tenemos de todo, como en capirotada, cada quién tiene su propia agenda, pero al igual que las demás reuniones, con algunas excepciones de la encabezada por Alejandro Martí, estas reuniones no generan ningún cambio en concreto, únicamente sirven para desahogo, como válvula de escape, nada más. O quizá sirven para entender a los involucrados en esa reunión, incluyendonos.

 

En días pasados en el noticiero de Joaquín López-Dóriga, el periodista José Fonseca comentó el caso de Rafael Zapata, juarense que está preso en un penal de Chihuahua y afronta un proceso por homicidio. Él y su cuñado se enfrentaron a un grupo de extorsionadores y en el incidente Zapata disparó un arma y mató a uno de los delincuentes.

 

Según narra el procesado, al llegar a la tienda de abarrotes de su cuñado, vio que éste era amenazado con una pistola y sin pensarlo, se le echó encima al extorsionador para intentar quitarle la pistola. En el forcejeo el extorsionador soltó la pistola y lo inmovilizaron con un golpe.

 

En las últimas entregas hemos estado hablando de la Ley de Seguridad Nacional, con la cual se pretende regular la participación del ejército en el combate al crimen organizado.

 

En los medios el tema murió, al menos por ahora, y parece ser que para los legisladores también al estar en receso el Congreso, ya que ni siquiera las comisiones que deben revisar la iniciativa se han reunido.

Desde hace varias semanas, a raíz de las pretendidas reformas  a la Ley de Seguridad Nacional, el tema de la seguridad nacional ha estado en boca de muchos. Cada quién la entiende de forma distinta y algunos desconocemos los alcances que tiene y lo que en realidad implica.

 

El tema es novedoso legislativamente hablando, porque antes de abril de 2004, fecha en la que se reformaron la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el concepto no se incluía ni en la Constitución ni en la leyes secundarias.