Imprimir
Categoría: Sergio Fonseca
Visto: 841
powered by social2s
Vista del tianguis

Los problemas económicos de un estado o un municipio no sólo provienen de la corrupción, sino de malas decisiones administrativas que terminan impactando en sus finanzas con asuntos que se arrastran por años. Un ejemplo son los terrenos donde se ubica el tianguis de San Martin Texmelucan en Puebla. Este tianguis inicialmente se ubicaba en el centro del municipio, pero debido a su gran crecimiento, a partir de mayo de 1994 se mudó a 35 hectáreas de San Lucas Atoyatenco. Es considerado uno de los más grandes de América Latina.

Pero esa mudanza provocó un conflicto que ha durado ya 22 años y que ahora tienen en grandes aprietos al cabildo del municipio.

Los terrenos fueron expropiados en 1989 y los 21 ejidatarios afectados promovieron un juicio de amparo, el cual se les concedió en 1992 y que dejó insubsistente el procedimiento de expropiación. La sentencia quedó firme, porque la autoridad no se opuso a la misma.

A pesar de esta sentencia, en la década de los noventa el municipio vendió a una empresa los terrenos en lo que se llamó “una cesión onerosa”. Esa empresa a su vez vendió este terreno a terceros, particulares y empresas, y las operaciones quedaron registradas en el Registro Público.

Pero a pesar de esto, el municipio tomó posesión de los terrenos y en mayo de 1994 los entregó a los comerciantes para el tianguis.

Los propietarios promovieron juicios de amparo y el municipio perdió los asuntos. En las más de siete demandas de amparo que se promovieron se ordenó al municipio a restituir el derecho de posesión de los terrenos de los quejosos.

En 1997 se promovió el primer incidente de inejecución de sentencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con los terrenos del tianguis por la falta de restitución de la posesión de los terrenos y dejar insubsistente el decreto expropiatorio. La SCJN atrajo todos los juicios de amparo relacionados con los terrenos en los que no se dio cumplimiento a la sentencia.

En 2000 la SCJN ordenó al juzgado de Distrito un incidente de cumplimiento sustituto, dejando claro que “la actuación de las autoridades en especial de la Presidencia Municipal de San Martín Texmelucan, a través de las diferentes personas que la han ocupado, han propiciado claramente el conflicto producido”.

En ese incidente se debían determinar las cantidades que debían recibir los ejidatarios, la empresa y los terceros que adquirieron los terrenos “como cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, a las personas físicas y morales que fueron afectadas por la reubicación de los comerciantes”.

La sentencia del incidente se dictó el 17 de noviembre de 2004, pero las partes se opusieron a la misma y el asunto fue atraído por la SCJN, que resolvió el recurso de queja en octubre de 2005 ordenando la reposición del procedimiento para determinar el monto de las indemnizaciones. Para esto ya al juicio estaban acudiendo la sucesión de algunos quejosos, porque estos ya habían muerto.

El 29 de septiembre de 2006 el juez de distrito dictó una nueva sentencia estableciendo el monto de las indemnizaciones por “cumplimiento sustituto”, pero el municipio y otros se opusieron. El asunto fue atraído nuevamente por la SCJN.

El 30 de mayo de 2007 la SCJN ordenó que nuevamente se repusiera el procedimiento para determinar las indemnizaciones.

La nueva sentencia interlocutoria fue dictada por el Juez Primero de Distrito en San Andrés Cholula, Puebla, el 6 de junio de 2012. El municipio se opuso nuevamente dictamen de valuación inmobiliario emitido por el perito oficial de la Procuraduría General de la República y el asunto fue atraído una vez más por la SCJN. El 28 de noviembre la SCJN ordenó que se repusiera el procedimiento.

El 25 de 2013 se dictó la nueva sentencia interlocutoria, pero el municipio se opuso nuevamente.

Finalmente, el 22 de abril de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la sentencia interlocutoria, estimando que “las autoridades del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, deben pagar inmediatamente las cantidades relativas a los quejosos fijadas por la Juez de Distrito”.

Así, al municipio se le acabaron los recursos legales y ya no le queda otra opción más que pagar, pero ha pasado ya tanto tiempo de este asunto, para unos 22 años, para los ejidatarios 27, que la cantidad total a pagar asciende a casi 1,500 millones de pesos, más lo que se acumule.

En la zona, además del tianguis, ya existe una central de transporte urbano, calles en donde están locales y lotes comerciales, iglesias, mercados, bancos y escuelas.

La Ley de Deuda Pública del estado prohíbe que los municipios pidan préstamos para pagar deudas, por lo que el jueves el ayuntamiento de Texmelucan cambió su jugada y pidió al Congreso del estado una ampliación presupuestal de mil 500 millones de pesos para pagar la deuda. Pero al Poder Legislativo le parece una cantidad exagerada, porque equivale a casi cinco veces el presupuesto anual del municipio.

Hace 16 años que el Municipio perdió el juicio, pero cinco administraciones prefirieron “patear el bote” y heredar el asunto, generando la crisis que ahora vive el municipio. De no pagarse el adeudo, el cabildo podría ser destituido por la Suprema Corte y ser sujetos a proceso penal, pero eso no resuelve el problema del adeudo, porque seguiría pasándose el problema de administración a administración.

Bien dicen que vale más un mal arreglo que un buen pleito.


miabogadoenlinea.net

Se permite la reproducción parcial o total, con crédito a miabogadoenlinea.net

powered by social2s