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Categoría: Sergio Fonseca
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La semana pasada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que en el caso de los hechos que se presentaron en el Rancho del Sol, Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo de 2015, elementos de la Policía Federal “ejecutaron de manera arbitraria” a 22 de los 42 civiles muertos en el enfrentamiento; además, murieron “por uso excesivo de fuerza”, dice la recomendación 4VG/2016.

En Tanhuato se enfrentaron elementos de la Policía Federal y presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, donde perdieron la vida 43 personas, 42 de ellos civiles y un elemento policíaco.

Según la CNDH de las 22 personas “ejecutadas arbitrariamente, 13 se encontraban de espaldas; en cinco casos fueron muertas por disparos (4 mil) hechos desde el helicóptero artillado usado en el operativo; uno más herido de bala y expuesto a fuego directo estando aún con vida, y los tres restantes fueron victimados a pesar que ya estaban sometidos”.

El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava, dio los detalles de la recomendación, en los cuales se acreditó que el lugar de los hechos fue “manipulado” por la Policía Federal, quien resguardó el sitio durante poco más de cuatro horas, entre la conclusión del operativo y enfrentamiento y la llegada del Ministerio Público Federal.

Además, la recomendación señala que una veintena de los civiles muertos no portaban zapatos, camiseta o incluso pantalones, lo cual evidencia que en el momento del operativo estaban dormidos.

La misma recomendación señala que junto con la manipulación de escenario de los hechos, la Policía Federal también torturó a civiles, les sembró armas y cartuchos, además de que los cuerpos fueron colocados en un lugar, entre otras irregularidades.

Con esta recomendación, los señalamientos en contra de la Policía Federal no se hicieron esperar.

Pero esas expresiones lapidarias me llevaron a recordar el caso Tlatlaya. El 21 de octubre de 2014 la CNDH emitió una recomendación en la que concluyó que en los incidentes suscitados el 30 de junio de 2014 en una bodega ubicada en Tlatlaya, Estado de México en el que una patrulla militar se enfrentó a un grupo de la delincuencia organizada, 15 de las 22 personas muertas en Tlatlaya, Estado de México, fueron privadas de su vida por fuerzas federales, a pesar de estar rendidas.

"Después de utilizar la fuerza pública para contrarrestar la agresión armada, y una vez estando rendidos los civiles, los elementos militares ingresaron a la bodega y a partir de una acción arbitraria, desproporcional, innecesaria, y desapegada al sistema de derechos humanos, privaron de la vida arbitrariamente a 12 personas que se encontraban ahí, vivas, rendidas o heridas", menciona el documento. Asimismo, la CNDH afirmó que la escena de los hechos había sido alterada.

Tras la difusión de esta información, siete militares fueron sujetos a proceso cada uno por distintos delitos como abuso de autoridad, ejercicio indebido de servicio público, homicidio calificado, alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo, y encubrimiento en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito. Sin embargo, en los siete casos se dictó auto de libertad por falta de pruebas.

Así que lo mejor es sosegarnos y esperar a ver qué dicen los tribunales, porque no es lo mismo acusar que probar, y hasta este momento no se ha probado la responsabilidad de los elementos de las fuerzas federales.


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