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Desde la semana pasada las redes sociales y medios de comunicación se han llenado de críticas a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y a su director general, Alfredo Castillo Cervantes, por los resultados que hasta ahora se han obtenido en las Olimpiadas de Río 2016

Al funcionario se la ha señalado por los malos resultados y la falta de medallas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, por sus declaraciones sobre el tema y por viajar con su pareja, con la que ha asistido a distintos eventos.

Independientemente de si las acusaciones contra Castillo son válidas o no, no podemos perder de vista el contexto en el que se está asistiendo a este evento y la realidad del deporte mexicano.

La Ley General de Cultura Física y Deporte reconoce a las Federaciones Deportivas Mexicanas el carácter de Asociaciones Deportivas Nacionales, que conforme a la ley “ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores del Gobierno Federal, por lo que dicha actuación se considerará de utilidad pública”.

Así, a las Federaciones les son aplicables las disposiciones para las Asociaciones Deportivas, por lo que deben regular su estructura y funcionamiento de conformidad con lo previsto en la ley, observando entre otros principios, la transparencia y rendición de cuentas.

Como parte de esas obligaciones, deben incluir en sus estatutos “el reconocimiento de la facultad de la CONADE de fiscalizar la correcta aplicación y ejercicio de los recursos públicos”, a los cuales son aplicables las disposiciones en materia presupuestaria.

Además, el artículo 58 expresamente otorga a la CONADE la facultad de llevar a cabo acciones de fiscalización, supervisión, evaluación y vigilancia de los recursos públicos.

Es un hecho que distintos comentaristas a lo largo de los años han hecho públicos reclamos por las irregularidades que se presentan en distintas federaciones: el condicionamiento de los apoyos a ciertos deportistas, el notorio favoritismo hacia otros, la permanencia irregular en la dirigencia de varios presidentes de federaciones y, sobre todo, la obscuridad con que en ocasiones se ejercen los recursos públicos que recibe el deporte.

Las primeras declaraciones a la prensa de Alfredo Castillo después de haber tomado posesión de la CONADE, en abril de 2015, fueron en ese sentido destacando que varias federaciones no habían comprobado el uso de 250 millones de pesos. Y que se les requeriría esa comprobación.

Así que la primera medida fue limitar la entrega de recursos a las federaciones y se empezaron a realizar auditorías, medidas que repercutieron en los atletas ya que las federaciones limitaron o retiraron los apoyos, como los sueldos de los entrenadores.

Y empezó a haber un enfrentamiento entre la CONADE y las federaciones. “No podemos ser rehenes de las federaciones", sentenció Castillo.

A lo largo de los meses, el enfrentamiento fue subiendo de tono, pero también fueron surgiendo las irregularidades: elecciones anómalas de dirigentes en las federaciones de box y béisbol; facturas falsas en la federación de atletismo; irregularidades en la creación de la federación de luchas asociadas; presuntas irregularidades administrativas en las federaciones de tiro con arco, remo, frontón y levantamiento de pesas; alteración de resultados en la federación de natación, además de compromisos no aprobados por la CONADE que comprometían recursos federales; problemas administrativos en la federación de basquetbol; la federación de padel se negó a ajustarse al marco de la ley para recibir apoyos; dobles cobros al gobierno y a la iniciativa privada en la organización de eventos deportivos de las federaciones y presión indebida sobre los deportistas.

En octubre de 2015, el Comité Olímpico Mexicano consideró justificada la intervención de la CONADE y declaró: “El COM no sólo está obligado a apoyar y a dar todas las facilidades a la CONADE sino que también apoyamos la transparencia, la rendición de cuentas a través de una ley que obligará a que las Federaciones suban al portal oficial los recursos federales que recibieron para transparentarlos”, explicó Carlos Padilla Becerra, presidente del COM.

Las federaciones afectadas, que fueron desafiliadas de la CONADE por lo que no pueden tener acceso a recursos públicos, principalmente las federaciones de box y atletismo, empezaron a hacer presión en los medios por lo que Castillo compareció ante el Congreso para explicar las irregularidades que se presentan.

“Las federaciones deciden cuándo hacer los selectivos, ellos inscriben a los atletas y por eso va ser muy difícil que ustedes vean a un atleta quejarse de su federación, porque el que se queje de su federación, su carrera se acaba” dijo Castillo ante los legisladores, explicando que las federaciones pretenden la entrega de recursos por parte del estado, pero no la rendición de cuentas y que son éstas las que tienen el control sobre el deporte de alto rendimiento.

Pero siguió la presión porque la Federación de Atletismo y la Federación de Boxeo, entre otras, se quejaron ante sus federaciones internacionales y estos ante el Comité Olímpico Internacional (COI), acusando al gobierno federal de intervenir en la vida interna de las federaciones deportivas nacionales, lo que atenta contra la Carta del Movimiento Olímpico que establece que “como el deporte es una actividad que forma parte de la sociedad, las organizaciones deportivas en el seno del Movimiento Olímpico tendrán los derechos y obligaciones de autonomía, que consisten en determinar la estructura y gobernanza de sus organizaciones, disfrutar del derecho a elecciones libres de toda influencia externa”.

Finalmente, en diciembre de 2015 el COI determinó que el gobierno federal estaba en su derecho de revisar el destino de los recursos federales, dando respaldo a la CONADE por lo que se firmó un acuerdo entre la CONADE y el COM

En el acuerdo, la CONADE se compromete a respetar la Carta Olímpica y la autonomía de las federaciones. Sin embargo, aclara que el organismo federal no tiene la obligación de financiarlas y que éstas deben ser capaces de generar sus propios recursos, por lo que si una federación no es autosuficiente podrá solicitar dinero al organismo, informando al Comité Olímpico Mexicano, y tendrá que comprobar el adecuado uso de los fondos.

“En caso de que la federación no compruebe dichos recursos de manera correcta no tendrá derecho a solicitar de nueva cuenta recursos públicos federales, independientemente de las consecuencias de carácter legal a las que se somete cualquier instancia que recibe recursos públicos federales dentro de la legislación mexicana”, por lo que ahora el flujo de recursos para las federaciones está más controlado.

Pero, además, Castillo anunció la entrega de una iniciativa de ley al Congreso, después de las Olimpiadas, que permitirá al estado un mayor control sobre el deporte de alto rendimiento, tal vez con apoyo directo a los deportistas y no a las federaciones.

Así que todo se resume a un problema de pesos y centavos. El conflicto aún sigue vigente y este evento es un ejemplo de ello.

A lo largo de los últimos cinco años, 35 Federaciones deportivas han recibido poco más de 2 mil 950 millones de pesos a través de la CONADE. En 2014 la Comisión repartió entre las federaciones deportivas más de 586 millones de pesos del presupuesto de egresos.

En cuanto a los resultados, México obtuvo su mayor número de medallas en 1968 con 9 preseas, en este siglo, el mejor resultado ha sido de siete medallas.

El 75 por ciento de las medallas olímpicas logradas a lo largo de toda la historia se concentran en 5 deportes: clavados, boxeo, atletismo, hipismo y taekwondo.


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