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Categoría: Sergio Fonseca
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Esta semana se ha estado discutiendo en el seno de las comisiones de la Cámara de Diputados la minuta del Senado sobre la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional, para regular las solicitudes de suspensión de garantías.

Las críticas al texto de la ley no se han hecho esperar, especialmente en esta etapa electoral, en la que los partidos pugnarán por más de 1,300 puestos de elección popular, entre los que se incluyen 12 gubernaturas.

La minuta pasó a manos de las Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos para su revisión, discusión y dictamen.

Hasta ahora la Comisión de Gobernación ya aprobó, sin cambio alguno, el dictamen enviado por el Senado, en el que se plantea que ante los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto se suspenda o restrinja el ejercicio de determinados derechos y garantías, de manera “temporal”, a petición del Presidente de la República, siempre y cuando el Congreso de la Unión lo apruebe en un plazo máximo de 48 horas.

Sin embargo, aparentemente en el proceso de aprobación del dictamén existió una violación al Reglamento de la Cámara de Diputados porque conforme al inciso 1, del Artículo 174, cuando un proyecto es revisado por comiisones unidas, las comisiones deben sesionar conjuntamente al votar el dictamen, aunque pueden trabajar por separado en la preparación del mismo.

Por otra parte, un sector de los diputados considera  que no es el momento político adecuado para legislar en la materia ya que desde su punto de vista “las violaciones a los derechos humanos son práctica común en el país”.

Otros consideran un riesgo que un decreto de suspensión de garantías limite libertades como las de asociación, reunión, movimiento, huelga e incluso la de expresión, así como la del derecho a la información y a la privacidad.

Asimismo, existen aquellos que proponen que se hagan cambios al dictamen para definir entre otros aspectos conceptos como “perturbación grave de la paz pública, u “otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”.

En resumen, pareciera que no quieren que se apruebe esta ley, al menos no en este periodo de sesiones, una legislación que al menos organizaciones de la sociedad civil especializadas en seguridad vienen exigiendo desde 2012, año en que esta ley debió de haber sido aprobada por el Congreso de la Unión.

Tal vez lo que pierden de vista los legisladores es que en los términos en que esta redactado el artículo 29 constitucional el Presidente puede hacer uso de la facultad contenida en el mismo, con ley reglamentaria o sin ella.

Esto es así porque en ninguno de las cuatro reformas al artículo en cuestión se ha establecido que el ejercicio de esta facultad está sujeto a una ley reglamentaria. Ni siquiera en el 2011 cuando se hizo la reforma en materia de derechos humanos y se adicionó a dicho artículo cuatro párrafos.

En esencia, el primer párrafo del artículo 29 sigue siendo el mismo que se utilizó en 1942 para suspender las garantías contenidas en los artículos  4o, párrafo I del 5o, 6o, 7o, 9o, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, párrafo 3o del 22 y 25 de la  Constitución  Política vigente en esa época.

En ese momento no fue necesaria una ley reglamentaria como tampoco lo es ahora, por lo que todos los presidentes han estado en libertad de proponer la suspensión de garantías, pero el trauma del 68 ha impedido que estas propuestas se presenten.

Lo más conveniente sería que el Congreso se apurara a legislar sobre el tema, antes de que algún presidente nos de la sorpresa.


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