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Categoría: Sergio Fonseca
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En al menos dos entidades de la de la República, Veracruz y la Ciudad de México, en los últimos meses se han reformado las disposiciones del Reglamento de Tránsito, que han generado inconformidad por parte de la sociedad, especialmente por lo que se refiere al aumento de las multas aplicables a las personas que comentan alguna infracción al conducir.

Se alega que los aumentos van de 700 a 2,000 por ciento en el monto de las multas y que estas sólo tienen fines recaudatorios y que estos aumentos son violatorios al artículo 21 constitucional, que en sus párafos quinto y sexto  establece que un jornalero, obrero o trabajador, “no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día”. Asimismo, en el caso de “trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.” Adicionalmente se afirma que los reglamentos de tránsito violan el artículo 22 constitucional al imponer multas excesivas.

Se han presentado amparos individuales y amparos colectivos para impugnar los reglamentos, reflejando estos argumentos, especialmente en la Ciudad de México, en donde a través de un partido político se ha presentado una demanda de amparo colectiva de 20,000 personas y que será ampliada con 30,000 quejosos mas.

Pero existen precedentes sobre la materia generados a partir de impugnaciones precisamente en contra de reglamentos de tránsito del Distrito Federal, que han rechazado estos argumentos.

Estas tesis aisladas establecen que las multas de tránsito cumplen con el principio de proporcionalidad al considerarse que la cuantía de la multa guarda una proporción razonable con los bienes que pretende tutelar el reglamento: integridad física de la persona, seguridad y orden público.

Además, se considera que el objetivo de las multas por infracciones de tránsito no es que las personas contribuyan al gasto del Estado, sino “que busca a toda costa” evitar que se presenten infracciones.

Por ello los precedentes establecen que la exigencia de que las multas de tránsito se apliquen en función absoluta de la capacidad económica de cada conductor, no resulta imprescindible para su constitucionalidad, porque ese parámetro de validez aplica en materia fiscal, y en este caso la naturaleza es distinta.

Asimismo, se establece que es irrelevante la condición económica del infractor, ya que el legislador no busca que se cometan infracciones de tránsito en igualdad de condiciones, sino evitar que se cometan.

También se ha establecido el criterio de que al no ser inminentes las sanciones por violar un reglamento de tránsito, pues para que sean aplicadas es necesario que se realice una conducta que coloque en la posibilidad de ser sancionado, no es procedente el amparo y este se podrá interponer hasta que se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el ordenamiento.

Ante este panorama es difícil que estos amparos se admitan o se conceda la suspensión.

Lo que llama la atención es que los quejosos se preocupen por el monto de las multas, cuando estas no les afectarán si respetan el reglamento. Parece que al final el objetivo disuasivo de los reglamentos de tránsito se está alcanzando.

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