Mucha expectativa ha generado la jurisprudencia publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que la ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional.

En varios medios se ha señalado que a partir de esta jurisprudencia todas las parejas del mismo sexo que deseen contraer matrimonio podrán hacerlo o que ya no será necesario recurrir al amparo para que estas parejas puedan casarse.

La realidad es otra. Las parejas del mismo sexo que deseen contraer matrimonio y que se encuentre tramitando un juicio de amparo podrán beneficiarse de esta jurisprudencia al ser obligatoria para todos los juzgadores en términos de la Constitución Federal y la Ley de Amparo, debiendo aplicar el criterio que se ha emitido.

En el caso de aquellas parejas del mismo sexo que deseen contraer matrimonio, al no haber sido modificada la legislación, deberán obtener por escrito la negativa de las autoridades del Registro Civil para negarse a casarlos y poder tramitar un amparo, cuya resolución será más sencilla al existir la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de las legislaciones que limitan el matrimonio a las parejas heterosexuales.

Puede darse el caso, como sucede en algunas entidades, que las autoridades del registro civil tramiten las solicitudes de matrimonio sin oponerse a las mismas con base en esta jurisprudencia, sin embargo, esta jurisprudencia no obliga a las autoridades administrativas.

La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido al tratarse de jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes, las autoridades administrativas no están obligadas a aplicarla.

La jurisprudencia tiene notables diferencias con la ley y no puede ser equiparable a ésta, principalmente porque "la jurisprudencia es obra de los órganos jurisdiccionales y la ley del órgano legislativo”, dice la Corte.

Además el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece con precisión que la jurisprudencia obliga solamente a los órganos jurisdiccionales.

En conclusión, las parejas del mismo sexo deberán seguir tramitando amparos hasta que los Códigos Civiles o Familiares de cada entidad sean reformados, o que las autoridades administrativas adopten por política unir en matrimonio a parejas del mismo sexo a fin de evitar dar una batalla que esta perdida.

Este es el texto de la jurisprudencia:

MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como "entre un solo hombre y una sola mujer". Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.

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