El pasado viernes la Secretaría de Educación Pública, a tráves de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, anunció en un escueto comunicado que “con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”.

Se especula que el anuncio se da como respuesta a la amenaza de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación que informó una serie de acciones a celebrarse el próximo domingo 7 de junio que incluye la suspensión de clases, el cierre de vialidades, movilizaciones y, sobre todo, impedir la instalación de casillas, todo en protesta por la reforma educativa y las evaluaciones.

Las críticas a esta decisión por distintos sectores de la sociedad no se han hecho esperar al considerar que es ceder a las presiones de una minoría que pretende conservar su estatus quo.

Pero los críticos más duros destacan que esta “suspensión” puede considerarse inconstitucional al arrogarse la Secretaría de Educación Pública facultades que no tiene.

El artículo 3° fracción IX de la Constitución Política establece que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  es un  organismo público autónomo, que coordina el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y que le corresponde  “evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior".

En esta disposición se establece como atribución del INEE expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden.

Lo anterior se reitera en el artículo 11 fracción b de la Ley General de Educación, aunado a que se establece como atribución de las autoridades educativas federal y local participar en las actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional Docente.

Por otra parte, la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente claramente establecen que la autoridad en materia de evaluación es el INEE, y que las autoridades educativas deben sujetarse a los lineamientos generales de evaluación que el organismo emita para llevar a cabo las funciones de evaluación.

Esos lineamientos establecen las fechas y periodos en los que se deben llevara  a cabo cada una de las evaluaciones.

El INEE tiene todos los elementos para promover una controversia constitucional, que con los tiempos de la Suprema Corte la resolución tal vez llegue tarde, pero evitará que en alguna otra ocasión la educación vuelva a ser utilizada como moneda de cambio, en perjuicio de millones de estudiantes y miles de maestros.

Por cierto, de nada sirvió la graciosa concesión porque la CNTE no suspendió sus acciones amenazantes, y no lo hará, porque ese es su método de presión para obtener lo que quiere, movilización-negociación-movilización, de eso vive, pero parece que el gobierno federal no lo entiende.

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