El caso del niño Christopher, un niño de seis años asesinado en Chihuahua por cinco menores de edad, se ha convertido en un tema de interés mundial, pero también se corre el riesgo de que se convierta en un circo por la participación de la “conductora” peruana Laura Cecilia Bozzo Rotondo.
La madre de Christopher, Tania Mora, ya contaba con el abogado Víctor Alonso Tadeo Solano que la asistía en el proceso que se sigue a los asesinos de su hijo, pero repentinamente el pasado jueves decidió nombrar como su representante a Juan Carlos Cárdenas Domínguez, un litigante del equipo de Laura Bozzo.
Posteriormente, el viernes, la señora Mora nuevamente cambió de abogado, regresando Víctor Tadeo como su representante. Tadeo pretende lograr llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de lograr reducir la edad penal o bien tener algún ordenamiento legal que permita castigar a niños y niñas menores de 14 que cometan actos como el asesinato de Cristopher.
La señora Bozzo, por su parte, también afirma que promoverá una reforma a la Constitución del estado de Chihuahua para que “los niños puedan ser juzgados como adultos”, de acuerdo a la gravedad de las faltas que cometan. Para la conductora al ser los niños “unos sociópatas” no pueden ser juzgados como menores.
Aunque la señora Bozzo es doctora en Derecho y Ciencias Políticas, no conoce la legislación mexicana ya que esa reforma no puede prosperar porque en la Constitución federal se establece claramente en el artículo 18 que los menores de doce años que hayan cometido un delito solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.
En cuanto a los mayores de 14 años, la Constitución prevé que sólo serán sujetos de internamiento en caso de delitos graves, siendo esta “una medida extrema y que debe ser por el tiempo más breve que proceda”.
Por otra parte, diversos tratados y convenciones internacionales de los que México es parte establecen el derecho de los adolescentes a ser juzgados y sancionados por un sistema especial.
Además, establecer un régimen que se basa en una apreciación subjetiva como es la madurez, llevaría a que adolescentes de la misma edad enfrentaran a regímenes de responsabilidad distintos, lo que violaría el derecho del niño a la no discriminación.
Así, la propuesta de la señora Bozzo sería inconstitucional al ir en contra de la Constitución federal, aunque el limite de catorce años para ser sujeto de internamiento no está establecido en ningún tratado o convenio por lo que podría ser modificado.
Por otra parte la UNICEF destaca que el sistema de justicia especial para adolescentes no implica la ausencia de culpabilidad, irresponsabilidad e inexistencia de consecuencias jurídicas por el ilícito cometido.
En este tema, lo único que puede estar a discusión es la edad mínima para el internamiento, que hasta ahora es de catorce años, en concordancia con la doctrina y la experiencia internacional que considera que las” infracciones cometidas por los niños menores de esta edad son en general irrelevantes y que, en los escasos supuestos en que aquéllas pueden producir alarma social, son suficientes para darles una respuesta igualmente adecuada los ámbitos familiar y asistencial civil”, o establecer medidas más allá del internamiento y que permitan retener a los jovenes que aun representen un riesgo para la sociedad.
El problema en Chihuahua va más allá de este caso, porque la violencia trajo como consecuencia un deterioro social que está dando origen a adolescentes y menores sicópatas o sociópatas y ese es el problema que se debe de atacar, antes de que sea demasiado tarde.
Pero la propuesta de la señora Bozzo no es más que un circo mediático que busca explotar en su beneficio esta tragedia. Fuera de eso, no tiene otro interés en el tema.
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