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Categoría: Sergio Fonseca
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Estos días ha sido un tema de interés en los medios de comunicación las diferencias que ha tenido la periodista Carmen Aristegui con la empresa MVS en la que laboró hasta el pasado día 15 de marzo.

Para la periodista el diferendo se debe a una presión del gobierno sobre la empresa para que la despidieran en represalia por los reportajes que ha venido presentando. Para MVS el motivo de la terminación del contrato con Carmen Aristegui, “obedece única y exclusivamente a que la periodista fijó como condición inamovible para resolver el problema que enfrentamos, la reinstalación de los dos reporteros separados de su cargo”.

En palabras de la periodista, la reinstalación de los reporteros era una “…condición irrenunciable para seguir adelante…”.

Este conflicto ha puesto sobre la mesa la relación entre los periodistas y los medios de comunicación y el equilibrio que debe existir entre la libertad de expresión de los profesionales  ante la libertad de empresa y línea editorial en los medios.

La Dra. Ana Aba Catoira en su artículo para el Anuario 2002 de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña “El Derecho a la Libre Información y sus Diversas Manifestaciones en el Nuevo Contexto Tecnológico" aborda ésta relación.

La doctora destaca que el empresario ejercita su libertad de expresión e información y su libertad de empresa, para crear un medio de comunicación. “que se dedica a la actividad de informar” y que lo puede hacer inclusive “desde una orientación ideológica fruto de las libertades y de la pluralidad”.

“En esa empresa se contratan periodistas que trabajan para el medio con el que establecen un vínculo jurídico, a través de la firma de un contrato de trabajo, por lo que ambas partes quedan obligadas, voluntaria y recíprocamente, al cumplimiento de un conjunto de obligaciones y derechos… las partes no pueden hacer valer sin más sus derechos a costa de los derechos de los demás”.

El contrato de trabajo no priva de sus derechos al trabajador, o en este caso periodista, pero sí genera limitaciones, que no privaciones, de los derechos “en virtud de las obligaciones contractuales asumidas libremente, que le impiden atentar contra los derechos e intereses del empleador”.

Aba Catoira destaca que el periodista “cuando acepta el contrato de trabajo, firma y acepta determinadas condiciones que determinan el ejercicio de su labor profesional, asume determinadas obligaciones que pueden restringir el ejercicio de sus libertades de expresión e información”.

En ocasiones esa libertad de expresión y de información  “han de orientarse en la dirección ideológica marcada desde la organización de la empresa”. Esa dirección ideológica es lo que se conoce como línea editorial.

La autora considera la línea editorial como un derecho del propietario del medio, que puede “ejercer el veto sobre el contenido… sin que sea equiparable con la censura previa, Pues, el trabajador asume voluntariamente posibles limitaciones de sus derechos”, especialmente a la libertad de expresión.

La doctora en Derecho señala que el empresario tiene “la posibilidad de rechazar artículos que se consideran contrarios a la línea editorial y, por tanto, perjudiciales para el objeto de la actividad empresarial, así como la posibilidad de modificar algún contenido informativo”. Por ello está obligado a mantener informados a los periodistas sobre la línea o criterios ideológicos que se aplican y “a contar, en todo caso, con el consentimiento del autor para publicar una información por él firmada que se ha modificado”.

Así, Aba Catoira y otros autores coinciden en que en la relación entre periodistas – medio de comunicación, la libertad de expresión de los periodistas se encuentra limitada por “los derechos del empresario o con obligaciones derivadas del contrato”.

Cuando existe un conflicto en cuanto el ejercicio de la libertad de expresión y la forma en que puede ser ejercida en términos de la relación contractual, las partes pueden dar por terminada su relación. En España inclusive existe lo que se conoce como la cláusula de conciencia a favor del periodista, que le permite obtener una indemnización si el responsable viola ilícitamente su libertad de expresión.

En estos términos, aunque Carmen Aristegui probase una violación al acuerdo sobre el ejercicio de su libertad de expresión, difícilmente la consecuencia sería su reinstalación. Además, MVS podría afirmarse que la periodista tácitamente dio por terminada su relación al establecer ante los micrófonos de la estación de radio como “…condición irrenunciable para seguir adelante…” la reinstalación de sus colaboradores.

En este momento las partes están en una guerra de declaraciones, pero al final, sólo tendrá validez lo que puedan probar en el proceso legal que corresponda, aunque el mayor desgaste será para MVS y el gobierno federal.

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