Desgraciadamente se ha vuelto muy común en nuestro país que los movimiento sociales “retengan” a funcionarios públicos para hacer cumplir sus demandas, especialmente cuando se trata de que se libere a sus compañeros que han sido acusados de la comisión  de algún delito.

Así sucedió en Atenco, o más recientemente en el municipio de Petaquillas en Guerrero, pero la semana pasada la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y el Frente Único de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) secuestraror en Iguala a dos empleados de Coca-Cola Femsa para que tres normalistas acusados de robar un camión repartidor de la refresquera fueran exonerados.

Al conocer de la detención de los maestros, alrededor de 40 jóvenes se trasladaron a bordo de camionetas a las instalaciones de la refresquera, ubicada en bulevar Vicente Guerrero, sitio al que ingresaron con lujo de violencia integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero y se llevaron al gerente y subgerente de la empresa refresquera.

Al final consiguieron su objetivo: la empresa retiró la denuncia por robo, el ministerio público liberó a los normalistas al no existir delito que perseguir y los empleados de Coca.Cola Femsa fueron liberados.

Aunque los maestros llamen muy elegantemente a estos actos como una “retención”, en términos legales se trata de un secuestro extorsivo, es decir sustraer, retener u ocultar a una persona, con el fin de exigir por su libertad algún provecho, en este caso chantajear a las autoridades y la empresa para obtener la exoneración de los normalistas.

La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de La Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 9 que al que prive de la libertad a otro se le aplicarán de cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio.

Estas penas se agravarán de cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; se realice con violencia; o que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que ésta se encuentra.

Además, en el Código Penal Federal, artículo 364 se establece que se impondrá de seis meses a tres años de prisión y de veinticinco a cien días multa, al particular que prive a otro de su libertad. Si la privación de la libertad excede de veinticuatro horas, la pena de prisión se incrementará de un mes más por cada día.

La pena de prisión se aumentará hasta en una mitad, cuando la privación de la libertad se realice con violencia, entre otros supuestos.

Si se tratara de otras personas o agrupaciones tal vez las autoridades, como se suele decir, aplicarían “todo el peso de la ley”, pero tal pareciera que si se trata de un “conflicto político” o un “movimiento social”, las autoridades han establecido tácitamente una excepción.

El problema es que la excepción está poniendo en riesgo la estabilidad del estado de Guerrero porque por más que estas agrupaciones utilicen la bandera de los 43, su intención es establecer un “Gobierno Provisional Revolucionario que sea el germen de un gobierno de obreros y campesinos pobres”, “constituir la República Democrática y Popular en México”, “cuya forma de gobierno puede expresarse como República Socialista o República Soviética Socialista”.

Esperemos que las autoridades despierten antes de que sea demasiado tarde.

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