La pasada semana se dieron en Chilpancingo, Guerrero y Oaxaca,Oaxaca una serie de manifestaciones especialmente violentas, orquestadas por la organización magisterial llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en sus expresiones en estas dos entidades.

A pesar de los llamados de distintos sectores de la sociedad para que se recupere el orden y se haga uso legitimo de la fuerza del estado, las autoridades han permitido las manifestaciones violentas de estas agrupaciones que han quemado edificios públicos, destruido propiedad del estado y trastocado la economía de los habitantes de estas ciudades para imponer su voluntad al resto de la sociedad.

Y todo esto se hace utilizando como bandera la tragedia de los 43 normalistas secuestrados por la policía municipal de Iguala y asesinados por el crimen organizado.

Esta parálisis  para hacer uso legítimo de la fuerza es parte del trauma que generó en clase política mexicana el exceso de uso de la fuerza contra estudiantes en 1968, o lo que Luis González de Alba y Luis de la Barreda Solórzano llaman el “trauma del padre”.

“La culpa traspasa generaciones, y autoridades que eran niños en aquellos años de violencia autoritaria se retuercen las manos sin acertar a responder al delito con la sencilla aplicación de la ley”, nos dicen González y De la Barreda.

Y el trauma se ha ido acentuando con el tiempo. En su artículo “La gravitación de Tlatelolco” publicado en octubre de 2006 en la revista Letras Libres, González y De la Barreda destacan que tal vez la huelga en la UNAM de abril de 1999 a febrero de 2000 organizada por un puñado de personas y que tuvo paralizada a la institución “hasta quedar casi vacía”, fue donde “se incubó la actual estrategia de gobierno: dejar que un conflicto se pudra solo, se alejen las voces sensatas, la minoría enloquecida se aísle y la población pida a gritos la intervención de la fuerza pública. No antes, así destruyan lo que sea".

Pero también llevó a la población, y especialmente a las distintas organizaciones sociales, a pensar que no hay mejor forma de “expresar una demanda y tener éxito como la violencia, el cierre de calles, el bloqueo, los ánimos enardecidos”.

Así sucedió el 2006, cuando la propia CNTE paralizó Oaxaca, Oaxaca, durante seis meses, con un serio daño a su economía que depende principalmente del turismo.

Los expertos consideran que el largo vacío de autoridad abrió espacio a una mayor violencia que permitió a los manifestantes hacer y deshacer a su antojo. Además implicó un efecto multiplicador del problema al permitir que distintos grupos políticos radicales y antisistémicos se unieran y fortalecieran el movimiento desestabilizador en Oaxaca.

Durante los seis meses que duró el conflicto, el llamado al uso legítimo de la fuerza del Estado se escuchaba en distintos foros y el mismo fue ignorado, hasta que el inminente fin de sexenio obligó al entonces presidente a actuar.

A principios de mayo de 2006, el gobierno del Estado de México se vio obligado a hacer uso de la fuerza legitima del estado en la población de San Salvador Atenco para restablecer el orden, sin embargo el saldo para el gobierno fue negativo, ya que se considera que se violaron diez derechos humanos a 209 personas y se lesionó y torturó a 206 personas, al tiempo que se provocaron agresiones y violaciones sexuales en contra de 26 mujeres.

Los expedientes de Oaxaca y Atenco fueron revisados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ambas instituciones concluyeron que los manifestantes rebasaron los límites de su derecho de manifestación, lícita y pacífica, así como el deber de obedecer la ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades competentes, sin embargo la situación salio de control y algunos elementos encargados de la seguridad y vigilancia se excedieron en el uso de la fuerza pública, violando derechos humanos.

Pero también ambas instituciones establecieron parámetros de actuación para que los operativos antidisturbios fueran mejor controlados, pero en lugar de aprovechar esa experiencia, a casi nueve años los traumas siguen paralizando a las autoridades.

Por eso vale la pena recuperar lo dicho por Luis González de Alba y Luis de la Barreda Solórzano: “¿Cuántos años más, cuántas generaciones deben pasar para que terminemos de pagar la cuenta de Tlatelolco (Oaxaca y/o Atenco)? El Estado mexicano presenta la factura a la población entera, que es quien sufre, sufrimos, los embates de la impunidad en todos los niveles de la vida cotidiana, mientras las autoridades, atadas de manos por el viejo trauma, nos piden paciencia, cuando no invitan a que hagamos justicia con nuestras manos”.

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