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Categoría: Sergio Fonseca
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Hace quince días la Cámara de Diputados aprobó lo que se ha dado en llamar en los medios de comunicación convencionales como la Ley de Movilidad, que consiste en una reforma constitucional de los artículos 11 y 73 de la Carta Magna.

La iniciativa aprobada adiciona al artículo 11 un tercer párrafo que establece que “El Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad”.

En el artículo 73, se reforma la fracción XXIX-G facultando al Congreso para expedir una ley en materia de movilidad universal.

Aprobada esta reforma, aún debe pasar por el filtro de la Cámara de Senadores, los congresos de los estados, y de ahí un proceso legislativo para crear la ley, pero hasta el momento esta legislación aun no es una realidad.

Sin embargo ya ha sido descalificada con el argumento de que la reforma servirá para “reprimir” las marchas y manifestaciones con el pretexto de garantizar la movilidad de los ciudadanos, ya que el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios tendrán que emitir leyes en materia de movilidad universal, lo que les daría la posibilidad de “impedir la libre manifestación en las calles”. Esto en el contexto de las últimas manifestaciones que se han vivido en el país, especialmente en el Distrito Federal y Guerrero.

Esta afirmación es falsa en la medida en que esa discusión aún no está sobre la mesa, además de que ese derecho no es absoluto.

Las manifestaciones constituyen un derecho humano contenido en las libertades de reunión y de expresión y no es absoluto.

El artículo 9 constitucional establece que “no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”. El artículo también establece que “solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país”.

Además, establece que “no se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.

A contrario sensu, si una reunión no es pacífica, es decir, se profieren injurias, se hace uso de violencia o amenazas para que la autoridad resuelva en un cierto sentido, se considera ilegal.

En nuestro país hasta el momento no existe la posibilidad de que una autoridad pueda prohibir una manifestación, ya que no existe una ley que regule el derecho de manifestación o de reunión.

Las únicas limitaciones o injerencias que pueden darse frente a una reunión o manifestación son las que se toman en el momento mismo de la manifestación si es que no se considera pacífica, así como las sanciones posteriores a ella.

En otros países el derecho de reunión sí está regulado. Por ejemplo, en España el artículo 21 de la Constitución “reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, y no necesita autorización previa” pero si de una “comunicación previa” a la autoridad, que sólo podrá prohibirla cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Además se hacen subsidiariamente responsables a los organizadores de las manifestaciones en las que los participantes causen daños, “sin perjuicio de que puedan repetir contra aquéllos, a menos que hayan puesto todos los medios razonables a su alcance para evitarlos”.

En Francia se requiere la autorización clara de la prefectura de policía para que pueda llevarse a cabo una manifestación. Los organizadores tienen la obligación de “suscribir una póliza de seguros que garantice en el plano de la responsabilidad civil todos los riesgos relativos a la manifestación proyectada (participantes, público y obras públicas). La póliza de seguros debe comportar la garantía máxima… calculada en función del evento asegurado, respecto a los siguientes riesgos: daños corporales, materiales e inmateriales”.

Además, los organizadores de manifestaciones son civil y penalmente responsables de todos los daños que pueda causar el evento. La marcha puede no autorizarse por ser susceptible de causar problemas de seguridad, de orden público o de tránsito; rechazo del organizador a aceptar las obligaciones o prescripciones que presenta la Prefectura de Policía; o por un organizador que no respetó sus obligaciones en una petición anterior, entre otras.

En Venezuela, el derecho a manifestarse pacíficamente y sin armas está reconocido, sin otros requisitos que agotar el procedimiento administrativo de autorización.

Hasta ahora las últimas manifestaciones han sido ilegales especialmente las encabezadas por la CETEG en Oaxaca, ya que no se ajustan a los preceptos constitucionales.

Si facultar al Congreso para regule el derecho a la movilidad implica que éste también regule el derecho de reunión para que se respeten los limites establecidos en la Constitución, pues bienvenido.

miabogadoenlinea.net

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