El pasado jueves, al presentar el Presidente de la República las diez medidas para mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho, muchos quedamos con un mal sabor de boca, ya que esperábamos un mea culpa o una autocrítica en la que se reconociera que han existido omisiones en materia de seguridad o que lo que se ha hecho hasta ahora no ha sido suficiente para recuperar el orden y la paz que todos esperamos, un discurso que entusiasmara y motivara.

Este mal sabor de boca no quita que las medidas que se han propuesto resulten positivas y un camino para mejorar las cosas.

Pero también es necesaria la voluntad política, la voluntad del Poder Legislativo y de los partidos de oposición. Que se pase de una oposición destructiva a una oposición propositiva, de acuerdos y continuidad y no de intereses de grupo.

Ejemplos de cómo los intereses de grupo o las batallas privadas de los partidos pasan por encima de los intereses de la nación es la propuesta del Poder Ejecutivo de acelerar el establecimiento de un número telefónico único para emergencias. Las críticas no se hicieron esperar e incluso un senador aseguró que el número de emergencia forma parte de la reforma en telecomunicaciones y criticó el anuncio, acusando el desconocimiento de lo que se promulga por parte del presidente. Sin considerar que la propuesta es “acelerar el establecimiento”.

El legislador tiene razón, la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiocomunicación prevé en Artículo 190 fracción IX la obligación de los concesionarios de telecomunicaciones de implementar un número a nivel nacional para servicios de emergencia, en los términos y condiciones que determine el Instituto Federal de Telecomunicaciones en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con mecanismos que permitan identificar y ubicar geográficamente la llamada y, en su caso, mensajes de texto de emergencia.

Pero omite señalar que la existencia de un número de emergencias ya estaba prevista en el artículo 44 fracción XIX de la Ley de Telecomunicaciones que fue abrogada, y que esa adición fue promovida en el sexenio anterior.

Y más aun, si vamos atrás en la historia encontraremos que durante la gestión de Ernesto Zedillo se promulgó en 1995 la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Publica, y que dicha ley es base de la creación del Servicio Telefónico Nacional de Emergencia 066, que se presta a través de los centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo nacional (C4), al que se han ido sumando los centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de las entidades federativas para dar ayuda a los ciudadanos en situaciones de emergencia.

Este servicio empezó a implementarse hace 16 años, pero se encontró con los obstáculos impuestos por algunos gobernadores y presidentes municipales de todos los partidos, y los cambios de gobierno locales, estatales y federales, con los que parece que nada sirve y todo debe cambiar.

En consecuencia, hasta el momento el Servicio Telefónico Nacional de Emergencia 066 aun no funciona al nivel de un servicio 911 0 112 en la Unión Europea, un servicio confiable en el que los operadores pueden asistir al usuario en la prestación de primeros auxilios o los servicios de emergencia responden en minutos, sin distinguir de que situación se trata.

En Estados Unidos pasó poco más de un año entre que la Comisión Presidencial de Aplicación de la Ley y de la Administración de Justicia recomendara la creación de un número único que se pudiera utilizar en todo el país para informar emergencias; a que, con la colaboración ATT y la Comisión Federal de Comunicaciones, el 16 de febrero de 1968 se realizara la primera llamada de emergencia.

Quince años después, el 50 por ciento de la población de Estados Unidos tenía acceso al servicio de emergencia, y se pasaron leyes para financiar el servicio. El proyecto siguió y sigue en marcha porque se consideró un programa de nación con la voluntad política para que el mismo funcionara.

Por eso insisto que lo que se necesita es la voluntad política de todos los actores para que las acciones de seguridad tengan una continuidad que no dependa de quién es el titular del gobierno, y se conviertan en un programa de y para la nación, sin importar de quién sea el mérito.

Porque cuando los políticos bloquean al contrario esperando que al otro se le deshaga el país de las manos, prometiendo que al llegar ellos lo arreglarán, el que pierde es el ciudadano.

Menos críticas y más acción.

La nación se los demanda.

miabogadoenlinea.net

Se permite la reproducción total o parcial con crédito a miabogadoenlinea.net