Camión urbano

 

Es común que cuando se presenta un cambio en cualquier nivel de gobierno o en el poder legislativo local, los concesionarios de transporte urbano pretenden, y la autoridad correspondiente les concede, un aumento a las tarifas. La táctica de los concesionarios es común en todas las entidades: aplican incrementos unilaterales y no autorizados para presionar a las autoridades a establecer la nueva tarifa, si esto no funciona pasan a las manifestaciones callejeras o a la suspensión del servicio en casos extremos, confiando siempre en su importancia estratégica y su capacidad de resistencia.

Generalmente estos aumentos se justifican en la inflación, en el aumento de los precios de los combustibles, en el costo de las refacciones o inclusive en el costo de las unidades nuevas.

Al final, las autoridades ceden y permiten un aumento a las tarifas del transporte, asumiendo los transportistas en cada ocasión el mismo compromiso: la modernización del transporte y una mejora en el servicio, y la autoridad advierte que de no respetarse los acuerdos se aplicará todo el peso de la ley.

Pasado el tiempo las cosas sigan igual, pero con una tarifa más elevada, a pesar de que las unidades no se encuentran en condiciones de prestar el servicio con seguridad y comodidad para los usuarios.

Generalmente al usuario no le ha quedado otra más que hacer frente al nuevo incremento. Sin embargo la nueva Ley de Amparo ha permitido que agrupaciones de usuarios intenten acciones legales para hacer frente a estos incrementos.

En entidades como Morelos, Estado de México y más recientemente Jalisco y Nuevo León, se han promovido amparos colectivos para impugnar la autorización de nuevas tarifas de transporte.

El argumento es que el incremento autorizado no se encuentra apegado al proceso previsto en la ley. En la mayoría de los casos las legislaciones estatales prevén que los incrementos a las tarifas se den conforme a la inflación anual calculada por el Banco de México.

Pero, la ley prevé que si existen condiciones económicas que presuntamente provoquen desestabilización en la rentabilidad de la prestación del servicio, puede tomarse en consideración un catálogo de conceptos, fundado y motivado, que provoquen esta desestabilización, a fin de considerar un incremento adicional.

Sin embargo, en la mayoría de las entidades estos procesos son poco transparentes, se presenta ese catálogo pero sin la debida fundamentación y motivación de incrementos superiores a la inflación. Ese  es el caso, por ejemplo, del incremento autorizado a la tarifa del transporte en Jalisco que fue del 20%.

Pero no sólo se pueden promover amparos por violaciones al procedimiento, sino que también pueden presentarse por la omisión de las autoridades en sus responsabilidades ya que el transporte público al final es un servicio que corresponde en primera instancia al Estado proporcionarlo.

Por ello es su obligación supervisar que los concesionarios del servicio lo presten de forma regular, continua, segura y eficiente, y cuando esto no sucede existe responsabilidad por parte de las autoridades que desatienden la ley.

Por ejemplo, ya mencionamos que la práctica común de los transportistas es modificar las tarifas de forma unilateral. Pues todas las legislaciones locales prevén que el no cumplir con tarifas autorizadas o modificar las tarifas sin autorización implican sanciones para las transportistas que pueden ser multas, suspensión o inclusive la revocación de la concesión a los transportistas reincidentes o puede llegarse a la requisa en casos extremos.

Pero las administraciones en general se caracterizan por negociar la ley con los transportistas en lugar de aplicarla y contados son los casos en los que se ha aplicado la ley para controlar al pulpo del transporte.

Así sucedió en 1981 cuando los transportistas del Distrito Federal y el gobierno de la ciudad celebraron un enésimo acuerdo para mejorar la calidad del transporte. Una vez más, los transportistas no cumplieron, por lo que el 18 de agosto de 1981 el entonces presidente de la República emitió un decretó que creó un organismo descentralizado para prestar el servicio de transporte en la ciudad, absorbiendo las 86 empresas privadas que operaban en la ciudad.

Inclusive, cuando el sindicato de ese organismo descentralizado Sutaur-100 inició una huelga en demanda de aumentos salariales desmedidos en 1989, el Ejército y la Policía prestaron el servicio con sus vehículos oficiales.

El pulpo camionero siempre han confiado  en su importancia estratégica y su capacidad de resistencia, respaldado por la excesiva permisividad de las autoridades motivada en ocasiones por fines políticos, pero los tiempos están cambiando y subestiman la tolerancia de la gente.



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