Durante doce años de mi vida fui servidor público. Inicié conel servicio social y concluí ocupando una dirección de área. Al igual que yo, muchos de mis excompañeros han recorrido el escalafón del servicio público y ahora tienen más de quince, veinte o veinticinco años de servicio.

 

Recuerdo tres casos destacables sobre este proceso de crecimiento en la administración pública. Uno de ellos inició como personal operativo y se jubiló ocupando una Dirección General, otro inició como chofer y actualmente ocupa una dirección de área y finalmente una amiga que inició haciendo su servicio social y que actualmente ocupa una dirección de área.

 

Ellos, al igual que otros compañeros, ascendieron en los distintos niveles de mando de la administración pública con base en esfuerzo y trabajo. Inclusive este proceso es reconocido por la Ley del Servicio Profesional de Carrera por lo que el sistema comprende los niveles de Enlace a Director General inclusive, incluyendo adjunto, homólogo o cualquier otro equivalente.

 

Por eso es que la propuesta económica realizada por el candidato del Movimiento Progresista Andrés Manuel López Obrador me llamó la atención.

 

La propuesta prevé generar un ahorro en gasto corriente de 300 mil millones de pesos. El gasto corriente incluye sueldo, salarios y prestaciones que reciben los servidores públicos.

 

Según el análisis que presentan, en la voz del diputado Mario Di Costanzo, la cuarta parte del presupuesto del gobierno es de sueldos y salarios de los funcionarios públicos.

 

Destacan que dentro de ese presupuesto se encuentran los servidores públicos “privilegiados”, de “alto nivel” “que reciben percepciones muy cercanas  a los dos millones de pesos al año. Entre percepción líquida y prestaciones” en este apartado incluyen “los gastos médicos privados, fondo de retiro, viáticos, gastos de alimentación, vales para comida, vales de gasolina, automóviles, celulares y todo lo que contiene las llamadas prestaciones inherentes al puesto”. Este punto es la parte central del programa de austeridad de López Obrador.

 

Y como ejemplo de que son posibles los ahorros, presentan a la Secretaría de Hacienda, en la que dicen que existen 556 funcionarios de “alto nivel”, que generan un gasto de 909 millones de pesos, por lo que reduciendo sus ingresos y prestaciones a la mitad se tendrían ahorros por 454.5 millones de pesos y el mismo ejercicio se haría en toda la administración pública federal tanto centralizada como paraestatal para llegar a la cifra de los 300 mil millones de pesos de ahorro en el gasto corriente.

 

El gobierno federal en voz del Secretario de Hacienda y la candidata del PAN a través de Ernesto Cordero señalaron que aunque se despidiera a la “alta burocracia” sólo se generarían ahorros por 2 mil millones de pesos.

 

En apariencia la  propuesta del movimiento progresista suena razonable, pero desde mi punto de vista se parte de una premisa equivocada. Se incluye dentro de los servidores públicos “privilegiados”, de “alto nivel”,  “alta burocracia”  a los Directores de área, Directores Generales Adjuntos y Directores Generales, pero estos puestos según mi experiencia profesional son mandos medios, no mandos superiores.

 

Así lo reconoce, como dije antes, la Ley del Servicio Profesional de Carrera al incluir en el sistema únicamente desde el nivel de Enlace hasta el de Director General inclusive, incluyendo adjunto, homólogo o cualquier otro equivalente, y así consta en los catalogos de puestos.

 

Tomando como base el criterio previsto en la Ley, de los 556 puestos de mando superior que afirma Mario Di Costanzo existen en Hacienda, sólo prevalecerían 34, que representan 99.5 millones de pesos y un supuesto ahorro de 49.5 millones.

 

Pero siendo justos, también la propia Secretaría de Hacienda ha partido de bases dudosas, porque en las declaraciones del titular de la dependencia de José Antonio Meade y Ernesto Cordero, asesor de la candidata del PAN, incluyen como mandos superiores a los Directores Generales o a los Directores Generales Adjuntos. Si en contravención  a la Ley aceptamos que estos niveles son mandos superiores, tenemos que aún así el supuesto ahorro del movimiento progresista se reduce a menos de la mitad, siendo sólo de 210 millones, y que tendría impacto en todo su cálculo.

 

Pero el Movimiento Progresista al llegar a la Presidencia de la República podría hacer de lado la clasificación oficial de los niveles de mando y aplicar su programa  de austeridad a partir de Directores de área, lo cual me parece una injusticia.

 

Por ejemplo, la propuesta propone reducir a la mitad el seguro de separación individualizado, al que califican de prebenda, privilegio ofensivo y otras linduras.

 

El seguro de separación individualizado se creó “con la finalidad de fomentar el ahorro entre dichos trabajadores y preservar la dignidad y el ingreso de éstos, en tanto se reincorporan, en su caso, al mercado laboral, ante la eventualidad de su separación del servicio público por cualquier causa”. Esas causas pueden ser por ejemplo, que el puesto desaparezca. 

 

Pero el trasfondo  de la creación de este seguro es que los servidores públicos de confianza a nivel federal no tienen derecho a la estabilidad en el empleo, no tienen derecho a recibir indemnización laboral cuando son separadas del puesto, cargo o comisión, ni el derecho a la reinstalación obligatoria, no tienen un horario fijo, ni derecho a pagos de tiempo extra.

 

En resumen los trabajadores de confianza de la administración pública federal no están protegidos por el artículo 123 de la Constitución, apartado B, sino en lo relativo a la percepción de sus salarios y las prestaciones del régimen de seguridad social que les corresponde.

 

Al implementarse el Servicio Profesional de Carrera se ha tratado de paliar la inestabilidad laboral de los servidores públicos de confianza con el seguro de separación individualizado, pero al ser una decisión administrativa, la inestabilidad en el empleo sigue siendo una realidad.

 

Reducir este seguro dificultaría al ex servidor público incorporarse al mercado laboral que de por si rechaza a aquellos que han formado parte de la burocracia gubernamental. En lo personal, si yo no hubiera contado con el seguro de separación individualizado no hubiera tenido los recursos necesarios para sacar adelante a mi familia.

 

Reconozco que existen prestaciones que no son justificadas o que resulta una exageración y que inclusive se llega abusar de ellas y como servidor público me opuse a su existencia. Por ejemplo, me resulta incongruente que en algunos puestos de Dirección General hacia arriba se les sigan otorgando vales de despensa, vales de gasolina, ayudas de comida, seguro de gastos médicos, ayuda para mantenimiento de vehículo, etcétera, cuando por las percepciones que reciben, tienen los ingresos necesarios para hacer frente a esos y otros gastos. Sin duda en estos conceptos se pueden generar ahorros pero no de los montos que afirma Mario Di Costanzo.

 

De implementarse la propuesta, contando tan sólo a los directores de área de la administración pública centralizada y paraestatal y según las cifras de Mario di Costanzo, al menos 100,000 servidores públicos tendrían que decirle a 100,000 familias "Pues con la novedad que a partir  de la próxima quincena voy a ganar la mitad", sin importar los compromisos, colegiaturas, deudas y demás cargas que tengan. Esta medida es tan autoritaria, absurda y abusiva como la de aquel que propone a un servidor público se baje de puesto dos niveles para conservar su trabajo, o que pide a otro su renuncia porque "necesita" el puesto o el que desaparece de un plumazo todas las subdireccioens en una entidad para disque generar ahorros.

 

Insisto, resulta una injusticia afectar a miles de trabajadores que han dado su vida al servicio público y que con base en esfuerzo y trabajo de años han llegado a ocupar los puestos que actualmente ocupan.

 

Sergio Fonseca