En alguna ocasión, cuando se le preguntó a Diego Fernández de Cevallos por que no formaba parte del gobierno de Felipe Calderón dijo, palabras más, palabras menos “porque Calderón tiene la mecha corta y yo no tengo mecha”.

 

Un ejemplo de esa poca paciencia o tolerancia quedó a la vista el pasado domingo con el comunicado de prensa que emitió la Presidencia en relación  a la solicitud de investigación que se presentó el viernes pasado ante la Corte Penal Internacional en su contra, en contra de otros funcionarios y de uno de los principales capos de la droga.

 

En dicho comunicado se hace patente el enfado al señalar que “el Gobierno de la República rechaza categóricamente las imputaciones falsas y calumniosas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional.”

 

Y justifica su actuar, que fue motivado “ante el clamor de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren agresión realizada por delincuentes tanto del orden común como del crimen organizado y la petición expresa de sus autoridades estatales”.

 

Reconoce que en ese accionar “desafortunadamente se ha tenido conocimiento de actos violatorios a los derechos humanos”, pero que  estos casos han sido verdaderamente excepcionales, y que “tales violaciones, que por supuesto son repudiadas y castigadas por el Estado mexicano, no son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos resultado de una política institucional. El Poder Judicial es el responsable de castigar estos abusos, y el Gobierno Federal ha dado y dará todo su apoyo para que los jueces cumplan con su deber.”

 

Destaca, no sin razón, que “es absurdo siquiera tratar de equiparar… (el) preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad.”

 

Pero el cierre del comunicado es amenazador: “Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales.”

 

Desde nuestro punto de vista el Gobierno federal está sobredimensionando este asunto.

 

Como comentamos el pasado mes de septiembre, lo más probable es que no se de trámite a la solicitud, ya que la Corte ejerce jurisdicción sobre genocidio, crímenes en contra de la humanidad y crímenes de guerra, definidos conforme al Estatuto de Roma, y los hechos denunciados no caen en esos supuestos.

 

Además, esto no es el equivalente de una denuncia ante el Ministerio Público, es una solicitud de investigación y dependen del fiscal general de la CPI, Luis Moreno Ocampo, determinar si existe o no fundamento suficiente para considerar el caso.

 

El artículo 15 del Estatuto de Roma señala que el Fiscal de la Corte Penal Internacional debe  analizar la veracidad de la información recibida, pudiendo recabar más información. Si concluye que existe fundamento suficiente para abrir una investigación, presentará a la Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello.

 

La Sala de Cuestiones Preliminares examinará la petición y la documentación, y si considera que hay fundamento para abrir una investigación y que el asunto es competencia de la Corte, sólo entonces se autorizará el inicio de la misma.

 

Si, después del examen preliminar el Fiscal llega a la conclusión de que la información presentada no constituye fundamento suficiente para una investigación, informará de ello a quienes la hubieren presentado.

 

Los solicitantes se darán de santos si el fiscal pone el caso en observación, sin que ello tenga el carácter de investigación.

 

Es por lo anterior que se nos hace desproporcionado que el gobierno federal reaccione tan airadamente calificando de “falsas y calumniosas”, “infundadas e improcedentes”, “calumnias, acusaciones temerarias” las imputaciones contenidas en la solicitud, llegando al extremo de considerar “todas las alternativas para proceder legalmente”.

 

La demanda es consecuencia de una postura ideológica de los denunciantes, de una percepción de la  realidad, que lógicamente no es compartida por la Presidencia, pero los calificativos resultan innecesarios y más aun la amenaza velada.

 

¿Por qué la molestia del Gobierno Federal?

 

Suena a que se sienten incomprendidos, que están haciendo todo lo posible por restaurar la seguridad en nuestro país, y los mexicanos  no lo reconocemos.

 

En opinión de unos, la Presidencia debió haber dejado pasar el incidente, en opinión de otros, la cual comparto, faltó inteligencia en este comunicado. Hubiera sido mejor un mensaje más profundo y positivo, conciliador, reconociendo el derecho de los denunciantes a disentir, a pensar distinto, aplicando la frase que se atribuye a Voltaire: "Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo."

 

Pero faltó inteligencia, y además, serenidad.

 

 

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