En el país se está presentando un fenómeno que podemos llamar de las Leyes Pedro, por aquello de la Fábula de Esopo sobre Pedro y el Lobo, que tanto dio avisos falsos sobre la llegada del depredador, que cuando fue un aviso real, la comunidad lo ignoró perdiendo sus ovejas.

 

Primero fue Tabasco quien decidió sancionar las alarmas falsas, ahora es Veracruz, y atrás vienen Hidalgo y Coahuila.

 

El caso que más ha llamado la atención por su origen es el caso de Veracruz, ya que la iniciativa se motiva por avisos falsos dados en Internet, a través de las redes sociales de Twitter y Facebook.

 

A las personas presuntamente responsables se les sujetó a proceso penal acusados de terrorismo equiparado y sabotaje, con una pena que puede ir de los 3 a los 30 años de prisión.

 

Pero el asunto generó el descontento de los usuarios de Internet y de esas redes sociales en particular, ya que afirman que se está violando la libertad de expresión.

 

En lo que considero una precipitada reacción a la presión y un mal manejo político, el Gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte, presentó una iniciativa para crear un delito específico para las alarmas falsas, a fin de que se pudiera reclasificar el delito a los acusados de terrorismo equiparado y sabotaje y se disminuyera la pena a aplicarles, alcanzando la libertad a través de una fianza, aunque seguirían sujetos a proceso.

 

El nuevo delito de perturbación del orden público estará regulado en el artículo 373 del Código Penal del estado, y señala que se impondrá de uno a cuatro años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida, a quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público.

 

Repito el asunto ha tenido un mal manejo político, y la redacción del artículo no es la más afortunada, pero sin ninguna duda es correcto sancionar esas conductas.

 

En países como Ecuador, Puerto Rico, Uruguay, Chile sancionan esta conducta, desde enfoques distintos, está prevista como un delito.

 

Unos países optan por sancionarla cuando se activan los servicios de emergencia, provocando una desviación en los recursos técnicos y humanos que causan un daño al impedir que esos servicios de emergencia atiendan oportunamente casos reales.

 

Otros optan por sancionar la divulgación dolosa, a través de cualquier medio, de noticias falsas que puedan ocasionar alarma pública o alterar el orden.

 

Dos ejemplos:

 

La Ley de Seguridad del Estado y el Orden Interno de Uruguay establece en su artículo 21 como delito equiparable al delito de imprenta, castigando con “tres meses de prisión a dos años de penitenciaría… La divulgación maliciosa de noticias falsas que puedan ocasionar, en su caso alarma pública, alterar el orden, causar evidente perjuicio a los intereses económicos del Estado o perjudicar el crédito nacional exterior o interior”

 

El Código Penal de Chile dispone en su artículo 286 Bis que “el que diere falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública, a los Cuerpos de Bomberos, u otros servicios de utilidad pública, incurrirá en la pena de reclusión menor en su grado mínimo” que equivale a una pena de 61 a 540 días de prisión.

 

Inclusive, en este último país se analizó la posibilidad de ampliar la sanción  a una pena de 541 días a 3 años de cárcel cuando dicha alarma haya ocasionado tumulto, congestión, suspensión de servicios o haya afectado el orden o la seguridad pública de la población o de una parte de ésta, a consecuencia del “fenómeno ocasionado por la reiterada instalación de bombas durante el último tiempo en numerosos lugares de acceso público, como asimismo las reiterados avisos de supuestos artefactos explosivos en distintas entidades y servicios públicos, han generado un extenso despliegue de medidas de seguridad de los órganos de control policial, ocasionando un clima de inseguridad en la población”.

 

Sé que algunos diferirán de mi opinión, pero estos casos no se tratan de violaciones a la garantía de libertad de expresión, sino un límite al abuso de la misma.

 

El afamado autor y periodista Arturo Pérez Reverte señaló que el límite a la información que divulga un periodista es el Código Penal.

 

Lo mismo sucede para la libertad de expresión, ya que no se trata de un derecho absoluto. Esos límites están previstos en los artículos 6 y 7 de la Constitución y es cuando se ataca la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

 

Aunque muchos lo duden, este es un país en el que gozamos de plenas libertades a diferencia de otros en el mundo, sólo es necesario explorar un poco nuestro sitio, pero debemos acostumbrarnos a ejercer esas libertades con responsabilidad y no convertirlas en libertinaje, y de ser el caso, asumir la consecuencia de nuestros actos.

 

No vayamos a terminar como Pedro, y recibamos la recompensa de los mentirosos: Aunque digan la verdad, nadie les cree.

 

 

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